Panamá ante sus "papeles"

“Con preocupación” observa la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana “que esté circulando información que vincula a una firma de abogados con ocultamiento de dinero proveniente de diferentes fuentes”, respondió a DW el abogado Carlos Gasnell, presidente ejecutivo de esta organización de la sociedad civil, acreditada como capítulo panameño de Transparencia Internacional. Se refiere, obviamente, al escándalo por la filtración de documentos que reflejan las operaciones financieras de personalidades mundiales, en los llamados Panama Papers o Papeles de Panamá.

El Gobierno panameño, por su parte, ha recordado que el país −uno de los principales centros financieros de Latinoamérica− fue recientemente excluido de la Lista Gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el mecanismo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en la lucha contra el blanqueo de capitales. Pues, aunque se sabe que Panamá fue el centro bancario de los carteles colombianos de la droga en la década de 1980, hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) elogió en su más reciente informe la estabilidad y seriedad de su sector bancario.

Así, con la Ley 23 de 2015, conocida como Ley Antiblanqueo, Panamá adoptó medidas para blindar al sistema financiero −bancos, aseguradoras, bolsas de acciones y de piedras preciosas− contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Esa norma creó la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, responsable de controlar, por ejemplo, actividades de negocios inmobiliarios, casinos, casas de empeños y firmas de abogados como Mossack Fonseca. Y les orientó la implementación de diligencias a fin de conocer a sus clientes, para identificar, evaluar, monitorear, administrar y mitigar los riesgos asociados con el blanqueo de capitales.

“Responsabilidad diluida”

“Ya se habían dado pasos con la política de ‘conoce a tu cliente’ [Ley 2 de 2011], dirigida a las firmas de abogados antes de la aprobación de la Ley 23, pero las actuales políticas y las normas aprobadas podrían fortalecerse aún más, si se quiere realmente que Panamá deje de ser vista como un lugar en donde pueden ocultarse capitales ilícitos, o un puente para que esto ocurra en otras latitudes”, insiste Gasnell, también profesor de derecho administrativo de la Universidad Santa María La Antigua y la Universidad Latina de Panamá.

Pero Ramón Fonseca Mora, director y miembro fundador de Mossack Fonseca −la firma panameña en el centro de esta trama, involucrada también en el escándalo “Lava Jato”, en Brasil− ha dicho a la televisora local TVN que su bufete únicamente es responsable de la creación de sociedades anónimas, unas 240.000 en 40 años de existencia, no de la forma en que estas operan, ni de su destino y clientes finales. Aunque reconoce que hace más de un año que solicita a sus clientes detalles sobre estos últimos dos puntos.

Y, ante todo, Mossack Fonseca se considera víctima de “un delito”, un (ciber)ataque internacional contra el derecho a la “privacidad de las personas” en general, y contra la “competitividad” panameña en particular. Mientras, Transparencia Internacional –con representación en más de cien países del globo en su lucha contra la corrupción política y corporativa− “está promoviendo registros globales abiertos para conocer realmente al beneficiario final de los capitales”, ilustra Gasnell.

“El sistema es bastante permisivo y es posible diluir la responsabilidad tanto de las firmas de abogados como de los bancos. Si se quiere evitar que sociedades u otras estructuras legales panameñas sigan apareciendo como vehículos para actividades ilícitas o para desviar dinero hay que blindar aún más el sistema financiero y aumentar los niveles de cooperación internacional en este sentido”, insiste este representante de la sociedad civil panameña.

“Un alto jerarca del partido oficialista”

En lo inmediato, para minimizar el daño a la imagen país, ¿qué más puede y debe hacer el Ejecutivo para cumplir su promesa de cooperar con el esclarecimiento de los hechos denunciados con la publicación de los “Papeles de Panamá”? “No interferir en las investigaciones que realice el Ministerio Público y poner a disposición de los entes de investigación todo el engranaje gubernamental que debe controlar los flujos ilícitos de dinero, la Superintendencia de Bancos, la Unidad de Análisis Financiero, entre otras”, recomienda Gasnell.

“Este no es un asunto de una Firma de Abogados que ofrece servicios offshore (o con ventajas fiscales) como solución tributaria o patrimonial, sino de un sistema que puede ser utilizado para el blanqueo de capitales y el ocultamiento de dinero ilícito, muchas veces en manos de políticos”, advierte Gasnell. “En el caso de Mossack Fonseca se conjugaron entre muchos factores, que además de tratarse de una de las firmas que más ofrece estos servicios offshore en y desde Panamá, uno de sus socios es un alto jerarca del partido oficialista, y estrecho colaborador del Presidente de la República”, precisa el director ejecutivo del capítulo panameño de Transparencia Internacional.

Gasnell habla, claramente, de Fonseca Mora, ex ministro consejero de Varela, y agrega: “El sistema se pondrá a prueba en los próximos días y veremos si el Gobierno logra el equilibrio entre defender el sistema financiero y adoptar nuevas medidas para protegerlo de los riesgos y abusos que se pueden seguir dando a pesar de las medidas”.