Perú: testimonio de empresarios complican a Keiko Fujimori

Una semana tormentosa termina en Perú para la excandidata presidencial Keiko Fujimori, quien está en prisión preventiva desde hace un año por haber recibido presuntos aportes de Odebrecht para su campaña electoral. Ahora, los mayores grupos empresariales peruanos revelaron ante el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, haber aportado alrededor de 7 millones de dólares en efectivo a la campaña del partido fujimorista en 2011. 

"Que el chavismo no tomara el control del país era más que suficiente para apoyar la campaña presidencial de Keiko Fujimori”, afirmó en una carta Dionisio Romero, presidente de Credicorp, el mayor grupo financiero de Perú que declaró haber entregado 3,6 millones de dólares en maletines para la campaña de la entonces candidata. En 2011, Fujimori disputaba la segunda vuelta a la presidencia frente a Ollanta Humala, quien era vinculado con el Gobierno de Venezuela y, por ese motivo, llenaba de temores a los grupos económicos de poder en Perú.

También desfilaron por la Fiscalía los últimos días altos ejecutivos del Grupo Gloria y de empresas de la Confiep (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas), quienes admitieron haber aportado millonarias cantidades para la campaña de Fujimori. Aportes que hasta la fecha no eran conocidos y que superan los 4 millones de dólares declarados por el partido fujimorista a las autoridades electorales del país.   

El "pitufeo” y las contradicciones

Desde que el equipo especial Lava Jato de la Fiscalía peruana destapó que la campaña fujimorista de 2011 había operado mediante el "pitufeo” (modalidad denominada por la serie "Los Pitufos”), para camuflar aportes de empresarios y simularlos con personas naturales, Keiko Fujimori ha argumentado que todo el dinero usado en su campaña fue bancarizado. "De acuerdo a la información y a los reportes que existe de nuestro partido, no hay dinero que haya entrado de manera ilegal, todo fue bancarizado, todo ha sido transparente”, señaló Keiko Fujimori en 2018 en entrevista a la televisora Canal N.   

Según la Ley de Partidos Políticos peruana, vigente en 2011, los partidos solo podían recibir de una persona jurídica, como máximo, 60 unidades impositivas tributarias (UIT), es decir unos 64.000 dólares. "Los empresarios y la candidata sabían que existían limitaciones para aportes de personas naturales o jurídicas, pero ambas partes prosiguieron a violar la ley. Las empresas siempre han jugado en ese sentido”, explica en entrevista con DW Fernando Tuesta, politólogo de la Pontificia Universidad Católica de Perú (PUCP).  

Estas nuevas revelaciones de poderosos empresarios peruanos tampoco sorprenden a la politóloga Bettina Schorr, del Instituto de Estudios Latinoamericanos de Berlín (LAI): "Todos estaban seguros que había un financiamiento ilegal de por medio. Solo faltaba la prueba, y las declaraciones de estos grupos empresariales lo comprueban. La imagen de Keiko está bastante destruida en el país. Sus posibilidades de salir de la cárcel, por ahora, tienden a cero”.   

En su defensa, Fujimori manifestó esta semana en Twitter que "la reserva de los aportes de campaña privados fue un compromiso que asumí y he respetado hasta las últimas consecuencias”. Además, indicó que los empresarios le pidieron que dichos aportes "se mantengan en absoluta reserva por temor a represalias”. Consultada al respecto por la prensa local, la abogada de Fujimori, Giuliana Loza, trató de justificar el hecho diciendo que "son solo actos de simulación de aportes de fuente lícita que no constituyen lavado de activos”.

Para la politóloga alemana Schorr es "absurdo que Fujimori y su defensa argumenten ahora que se tuvo que hacer un "pitufeo” porque de otra forma no era posible. Esto significa que era ilegal lo que hacían. Además, los aportes revelados hasta la fecha suman alrededor de 8 millones de dólares y Keiko Fujimori solo ha declarado a las autoridades electorales que recibió 4, el resto no se sabe dónde está”. 

Las consecuencias

La líder del partido fujimorista, recluida en una cárcel limeña, empezó la semana pidiendo "un proceso justo y en libertad”. Pedido que quedó opacado tras estas revelaciones y que, según el politólogo de la PUCP, sin duda, complican su situación judicial: "Esto bajo ningún punto de vista es sostenible y la va a perjudicar. Keiko Fujimori hacía propaganda bajo la premisa que era la candidata de los pobres cuando, en realidad, era la candidata de todos los ricos”.

Lo cierto es que esta investigación de la Fiscalía peruana recién comienza y, al parecer, se revelarán más cuentas y más candidatos. El experto Tuesta cree que esta "relación y subordinación entre partidos y grupos empresariales perjudica más a la democracia peruana. La reforma del financiamiento de partidos políticos está inconclusa y no podemos ir con las mismas reglas a las elecciones de 2021”. Una postura compartida por la politóloga Schorr, quien añade que este hecho es "lamentablemente estándard” en varios países de América Latina: "Esta no es una política que funciona en base a derechos y elecciones libres, sino en base a relaciones clientelares. Quien puede pagar, manda”.

(jov)

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