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Perú: habrá referéndum para reformas política y judicial

28 de julio de 2018

Martín Vizcarra hizo los anuncios en su discurso ante el Congreso por el Día Nacional del Perú tras el escándalo que dejó en evidencia la corrupción en el sistema judicial y sus nexos con sectores de la clase política.

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Imagen: Reuters/G. Pardo

El presidente del Perú, Martín Vizcarra, anunció este sábado (28.07.2018) un referéndum para introducir reformas políticas y judiciales, que incluirá la posibilidad de prohibir la reelección de congresistas, el regreso a la bicameralidad y cambios en el sistema de designación de jueces y fiscales. El mandatario, que asumió el cargo hace cuatro meses en reemplazo del renunciante Pedro Pablo Kuczynski, dedicó la parte medular de su discurso a hablar de la actual crisis institucional, que explotó con la divulgación de audios en que se oye a jueces y otras personas coordinar acciones ilegales.

Durante su discurso, Vizcarra hizo un llamado al Congreso, controlado por la derecha radical, a "respetar la voluntad popular" que se exprese en el referéndum, porque el Perú "no puede esperar un minuto más" en el actual marco de corrupción desbordada y crisis institucional. Vizcarra justificó la decisión de consultar a los peruanos sobre la reelección de congresistas en el hecho de que esa figura ya está prohibida para presidentes, gobernadores departamentales y alcaldes provinciales y distritales. "¿Por qué los parlamentarios no?", se preguntó, ante el silencio de su auditorio. 

Cambios en el sector judicial

En cuanto al regreso a la bicameralidad, abolida en la Constitución de 1993, indicó que debe hacerse sin aumentar el actual número de legisladores (130) ni elevar sustancialmente el presupuesto para el sector. Asimismo, Vizcarra propuso seis cambios específicos en el sector judicial, que incluyen crear una autoridad interna de control en el sector, modificaciones en procesos contenciosos administrativos y legislación sobre transparencia y posibilidades de acceso a la información. 

Igualmente, prevé el castigo judicial para abogados que violen la ética, la ampliación de la cantidad de fiscales especializados en delitos contra la administración pública, corrupción de funcionarios, lavado de activos y conexos y la reestructuración del Consejo Nacional de la Magistratura, ente que designa jueces y fiscales. 

MS (dpa/efe)

 

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