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Perú: dictan prisión preventiva para exasesores de Castillo

26 de octubre de 2022

Según el Ministerio Público, esas personas formaban un "gabinete en la sombra", como parte de una presunta organización criminal creada en el Ejecutivo para "obtener ganancias ilícitas".

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Bandera del Perú y bandera del Servicio Diplomático Peruano ondeando en lo alto del palacio de Torre Tagle, sede de la Cancillería peruana.
Bandera del Perú y bandera del Servicio Diplomático Peruano ondeando en lo alto del palacio de Torre Tagle, sede de la Cancillería peruana.Imagen: Carlos Garcia Granthon/ZUMA/picture alliance

El juez peruano Víctor Zúñiga, magistrado del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, ordenó el martes (25.10.2022) prisión preventiva durante 30 meses contra tres exasesores y colaboradores del gobierno del presidente de Perú, Pedro Castillo.

La medida alcanzó a Salatiel Marrufo, Biberto Castillo y Abel Cabrera, para quienes el Ministerio Público solicitó originalmente 36 meses de prisión mientras se les investiga por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias.

La Fiscalía aseguró que estas personas conformaron un "gabinete en la sombra", como parte de una presunta organización criminal creada en el Ejecutivo para "obtener ganancias ilícitas" con la concesión irregular de obras por el Ministerio de Vivienda.

Durante la lectura de su resolución, el magistrado remarcó en los "fundados y graves cargos que pesan sobre los procesados" y consideró que se cumple la presunción para dictar la prisión preventiva, con ejecución inmediata.

El fiscal a cargo del caso, Ismael Martínez, señaló al inicio de la audiencia de revisión del pedido, que comenzó el pasado sábado, que los implicados pueden recibir condenas de 19 a 34 años de prisión.

Los defensores de los imputados aseguraron, sin embargo, que el pedido no cumplía con los presupuestos de "fundados y graves elementos de convicción" y que, en el peor de los casos, se debía dictar una comparecencia con restricciones y el pago de una caución (fianza).

Tras la resolución del juez Zúñiga, la Fiscalía afirmó que la acogía "en todos sus extremos", mientras que los abogados defensores anunciaron que interpondrán recursos de apelación en el plazo que establece la ley peruana.

gs (efe, El Comercio)