Poder Judicial y erosión democrática en Venezuela
4 de mayo de 2022
La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el partido de gobierno PSUV, designó la semana pasada a los 20 magistrados que conformarán el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) durante el período 2022 – 2034. Quizás para una buena parte de los venezolanos, agobiados por la crisis económica y social que vive el país, esta designación del TSJ pasó inadvertida, como un simple episodio más que solo afecta a los que se ocupan de la política. Sin embargo, y aunque no lo parezca a primera vista, estos nombramientos tienen tantas implicaciones para el futuro del país como lo podría tener la elección de un nuevo jefe del ejecutivo.
Pese a que Nicolás Maduro calificó el nombramiento de los magistrados del TSJ como un proceso "ejemplar”, esta nueva designación ha sido fuertemente criticada y cuestionada por juristas, organizaciones civiles de protección de derechos humanos, partidos de oposición e importantes instancias internacionales.
Dentro de las numerosas críticas resaltan: el incumplimiento de los lapsos establecidos para la designación de los magistrados; la opacidad del proceso; el nombramiento de jueces que exceden el tiempo máximo de 12 años de permanencia en el cargo; el continuismo y la falta de una verdadera renovación del TSJ. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de la Justicia, el 60% de los integrantes del "nuevo” TSJ son magistrados del anterior tribunal que, activos o en "comisión de servicios”, han dado muestras importantes de su apoyo al chavismo. Para el Observatorio, esta designación garantiza la continuidad del apoyo del TSJ al Gobierno de Maduro, tanto por sus integrantes como por la forma en la que fueron distribuidos los magistrados en cada una de las salas claves del alto tribunal.
Democracia e independencia del Tribunal Supremo de Justicia
Estudios recientes sobre las autocracias modernas encuentran que muchas de ellas no se vienen instaurado a través de golpes de Estado o revoluciones sino a través de una progresiva erosión interna de las democracias electorales. Hoy en día, los aspirantes a dictadores llegan al poder a través de elecciones y luego, manipulando las reglas de la democracia, las socavan desde adentro. Es lo que Adam Przeworski, profesor emérito del Departamento de Política de la Universidad de Nueva York (NYU), ha denominado la "subversión de la democracia a hurtadillas".
En estos procesos de erosión democrática, juega un papel decisivo el control del máximo tribunal de justicia por parte del poder ejecutivo. En su estudio "Courts and the Constitutional Erosion of Democracy in Latin America” la investigadora Azul A. Aguiar-Aguilar, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), sostiene que tribunales independientes y con poder constituyen un bloqueo para los líderes populistas que buscan controlar otras instituciones y prolongar su tiempo en el cargo. Por ello, los antidemócratas modernos optan por dominar el tribunal constitucional o supremo para dar legitimidad al cambio de las reglas del proceso democrático. Con el tribunal de su lado, sus maniobras contra las instituciones adquieren un ropaje constitucional. Así comienza la erosión democrática de forma imperceptible para la mayoría de los ciudadanos.
Caída de la independencia del Poder Judicial en Venezuela
Los datos recogidos por el Instituto Variedades de Democracia de la universidad de Gotemburgo (V-Dem), y presentados por Aguiar-Aguilar en su referido estudio, muestran que la pérdida de independencia del Tribunal Supremo de Justicia venezolano comenzó a partir del gobierno de Hugo Chávez en el año 2000.
De acuerdo con Asdrúbal Aguiar, jurista y político venezolano, y ex Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el inicio de la caída de la independencia judicial venezolana se produjo en el momento en el que la Asamblea Nacional Constituyente, promovida y controlada por Chávez, creó una Comisión de Emergencia Judicial que decidió la destitución inmediata de todos los jueces de Venezuela y su sustitución inmediata por jueces provisorios. Estos jueces, desde luego, no gozaban de independencia ya que no tenían estabilidad en el cargo, eran nombrados discrecionalmente y podían ser removidos sin sujeción a procedimientos preestablecidos.
En el año 2004, el presidente Chávez, a través de la ley de reforma del Tribunal Supremo, "incorporó a 12 jueces chavistas, se hizo con la mayoría y convirtió al tribunal en un apéndice del Ejecutivo" denuncio José Miguel Vivanco, entonces Director de la División de las Américas de Human Rights Watch. En el informe de HRW de ese año, se señaló además que ya desde el año 2003, Chávez "venía adoptando medidas para asumir el control del Poder Judicial, erosionando la separación de poderes y la independencia del sistema judicial, a través de medios que violan los principios fundamentales de la Constitución venezolana y el derecho internacional de los derechos humanos”.
Para Aguiar, otro hecho ilustrativo de este continuado proceso de pérdida de la independencia judicial en Venezuela fue el discurso del magistrado del plenario del TSJ Fernando Vegas Torrealba con motivo de la apertura del año judicial 2011. En su discurso, el magistrado Vegas expuso que en Venezuela el socialismo había tomado el lugar del capitalismo y, en consecuencia, "el poder judicial venezolano está en el deber de dar su aporte para la eficaz ejecución, en el ámbito de su competencia, de la política de Estado que adelanta el Gobierno nacional, [en el sentido de desarrollar] una acción deliberada y planificada para conducir un socialismo bolivariano y democrático (…) Este TSJ y el resto de los tribunales deben aplicar severamente las leyes para sancionar conductas o reconducir causas que vayan en desmedro de la construcción del Socialismo Bolivariano”.
El deterioro de la independencia judicial en Venezuela ha continuado ininterrumpidamente hasta el día de hoy según la investigadora Aguiar-Aguilar. Para el año 2020, los datos de V-Dem muestran a Venezuela y Nicaragua como los países de América Latina con los niveles más bajos de independencia judicial. Este declive ha sido advertido y denunciado por organismos internacionales que investigan la violación de los derechos humanos. En el informe de la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de Naciones Unidas, se lee: "Fuentes internas afirmaron que las y los magistrados del Tribunal Supremo reciben habitualmente órdenes con respecto a la forma de decidir las sentencias. (…) Además de las instrucciones recibidas a través de actores políticos, las magistradas y los magistrados fueron objeto de presiones por parte de la jerarquía del Tribunal Supremo de Justicia. Las y los magistrados eran convocados a reuniones de la Sala Plena en las cuales se les presentaban sentencias ya preparadas para su firma.”
En el mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe anual 2020, reiteró su preocupación "por la manera como se han realizado los procesos de designación de magistradas y magistrados del TSJ, así como por la ausencia de garantías para la permanencia en el cargo de jueces, lo que lesiona la independencia judicial y repercute en desmedro del acceso a la justicia de la población”. Este informe agrega además que "la independencia judicial se ha visto gravemente afectada porque muchos jueces ostentan el cargo en forma provisoria. Según la jurisprudencia de la Sala Constitucional del TSJ, los jueces provisorios pueden ser nombrados y destituidos discrecionalmente. Medios de periodismo investigativo y organizaciones de la sociedad civil estiman que el porcentaje de jueces provisorios fue de 85,39% en 2019, superior al 80% en 2018, y que osciló entre el 66% y el 80% entre el 2007 y el 2017”
La erosión democrática en Venezuela 1999-2022
La falta de independencia judicial durante el periodo 1999-2022 ha contribuido en mucho a la erosión de las libertades políticas fundamentales en Venezuela. A lo largo de estos últimos 22 años, son múltiples las sentencias del TSJ que han sido cuestionadas en este sentido. Algunos ejemplos ilustrativos permitirán al lector constatar estos hechos:
En contra de la libertad de expresión del pensamiento y el derecho a la información, la Sala Constitucional del TSJ dictó en el año 2001 la sentencia 2013. Para el jurista Aguiar esa decisión fijó por vía jurisprudencial las bases para que en Venezuela funcione un sistema de control de los contenidos de la información que abarca la totalidad de los medios de comunicación social en el país.
En contra de la libertad de asociación y participación de los partidos políticos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que el Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia del 15 de junio de 2020, suspendió a la junta directiva del partido político opositor Acción Democrática (AD) para designar, en su lugar, a una junta directiva ad hoc autorizada para utilizar la tarjeta electoral, el emblema, los símbolos, los colores y cualquier otro concepto del partido político. Al día siguiente, el 16 de junio, el TSJ profirió una segunda sentencia que ordenó exactamente lo mismo en relación con el partido político opositor Movimiento Primero Justicia (PJ).
En contra de la independencia del Poder Legislativo, el TSJ comenzó a emitir en el año 2015 un conjunto de sentencias que progresivamente fueron vaciando de contenido las atribuciones constitucionales del Poder Legislativo recién electo, según afirmó Juan Miguel Matheus, constitucionalista y diputado del partido opositor PJ. A los pocos días de instalada la nueva Asamblea Nacional electa con mayoría opositora, el alto Tribunal desconoció a cuatro de sus diputados electos y declaró a la Asamblea en desacato y, por tanto, mientras se mantuviera en esa condición, todos sus actos serían nulos. Al año siguiente "la Sala Constitucional del TSJ emitió las decisiones No. 155 y 156, a través de las cuales levantó las inmunidades parlamentarias a los diputados de la Asamblea Nacional, estableció que sus actos constituyen traición a la patria, otorgó al Poder Ejecutivo amplísimos poderes discrecionales, y, por otra parte, arrogándose las competencias del Poder Legislativo, decidió que dichas competencias serán ejercidas directamente por la Sala Constitucional o por el órgano que dicha sala disponga”, señaló en su informe anual 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así mismo, la organización Acceso a la Justicia ha calculado que el TSJ anuló casi el 93% de las leyes que fueron aprobadas por esa Asamblea.
Ante este persistente proceso de erosión de la democracia venezolana, es comprensible la frustración que ha generado el nombramiento de este "nuevo” Tribunal Supremo de Justicia. Estas designaciones han dejado de lado tanto las recomendaciones de instancias internacionales, como las aspiraciones de los ciudadanos venezolanos respecto a contar con un poder judicial independiente y en condiciones de contribuir a sacar al país de su crisis. Ojalá otros países latinoamericanos puedan extraer lecciones de esta experiencia venezolana en relación con la necesidad de preservar la independencia de los altos tribunales de Justicia como antídoto frente a los intentos populistas de erosionar las democracias.