Polémica por reforma legal en Argentina
30 de diciembre de 2015
Este miércoles (30.12.2015), el nuevo Gobierno argentino ordenó por decreto la reforma de la ley de medios audiovisuales promulgada por el Ejecutivo predecesor. “Hoy, por decisión del presidente Mauricio Macri, se termina la guerra del Estado contra el periodismo”, dijo Marcos Peña, actual jefe de Gabinete, aludiendo al rol que la normativa en cuestión jugó en el agrio enfrentamiento de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) con el Grupo Clarín y otras empresas del ámbito de la comunicación.
La reacción judicial no se ha hecho esperar: desde la ciudad de La Plata, el juez Luis Arias ordenó al Ejecutivo abstenerse de "suprimir o afectar derechos" del ente regulador de medios. En una medida precautelar, Arias dicta una prohibición al Gobierno de hacer modificaciones en la Afsca "mediante todo acto o reglamento que implique una modificación a cualquiera de las previsiones contenidas en la Ley 26.522", la de servicios de counicación audiovisual. "La modificación de una ley por decreto está prohibida por la Constitución", explicó Arias a la radio Del Plata.
Una ley controvertida
Oficialmente, la ley buscaba evitar la excesiva concentración de medios en pocas manos; pero, según Peña, el “saldo” de la misma es negativo: “no ha habido un aumento de cantidad de medios ni de conectividad”, señaló el ministro coordinador, asegurando que ahora sí se practicará una “política pública de comunicaciones del siglo XXI en la Argentina”. Peña informó que se modificará por decreto las leyes de servicios de comunicación audiovisual y de Argentina digital.
También se creará un Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que fusionará a las autoridades federales de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) para regular el sector. Peña argumentó que el objetivo de la AFSCA “no era defender ni aplicar la ley de medios, sino ser utilizada como un arma en la guerra contra el periodismo”, mientras que la AFTIC “fue un ente colonizado por [la agrupación juvenil kirchnerista] La Cámpora”.
El Gobierno decretó días atrás la intervención del AFSCA, organismo encargado de aplicar la ley de medios; desplazó a su titular, el kirchnerista Martín Sabbatella; y despidió a varios de sus ejecutivos. Todas estas medidas han sido criticadas severamente por la oposición. Y es que, en menos de un mes, el Gobierno de Macri ha echado mano a decretos en cinco ocasiones. Es posible explicar esas mociones alegando que los partidarios de Macri son una minoría pequeña en el Congreso; pero eso no atenúa los reproches.
“Macri odia a la democracia y a las instituciones. Por eso ignora al Congreso y gobierna con DNU [decretos de necesidad y urgencia], fallos cómplices y blindaje mediático”, denunció Sabbatella vía Twitter, al oír el anuncio de Peña. Por su parte, el ex vicegobernador bonaerense y primer titular de la AFSCA Gabriel Mariotto habló de un “atropello institucional”. “Hay una impronta de cambio que tiene que ver con un amplio desapego a la ley en todos sus aspectos”, declaró Mariotto, hoy parlamentario del Mercosur.
“Por supuesto, también contra la ley de servicios de comunicación audiovisual que fue emblema de una construcción política cultural que surgió de abajo hacia arriba”, agregó Mariotto. La abogada Graciana Peñafort, una de las autoras de la ley de medios, afirmó en tanto que “Macri está violando los estándares internacionales sobre libertad de expresión”. No obstante, el nuevo Gobierno dispuso la creación de una comisión bicameral parlamentaria para debatir una nueva ley de medios que sea refrendada por el Congreso.
Macri no posee mayorías propias en ninguna de las dos cámaras, por lo cual deberá negociar con la oposición su aprobación. Según precisa el diario La Nación, el Gobierno modificará la ley de medios para permitir la transferencia o venta de licencias –algo hasta ahora prohibido– y sacará de esa norma la regulación de la televisión por cable, entre otros puntos los topes vigentes para operar en más de 24 localidades. El objetivo de estas modificaciones sería, señala el periódico, establecer un nuevo marco regulatorio convergente, que rija por igual en todos los actores de la comunicación, provengan de las telecomunicaciones o de los medios audiovisuales.
La ley de medios se aprobó en 2009 pero su aplicación fue demorada por medidas cautelares presentadas por el Grupo Clarín, uno de los más afectados por la nueva regulación que lo obligaba a desprenderse de numerosas licencias de televisión, cable y radio. En octubre de 2013, la Corte Suprema de Justicia dictó la constitucionalidad de la ley.
ERC ( dpa / Reuters )