Polonia y Hungría, en guerra contra Estado de derecho de UE

La lucha de los gobiernos de Polonia yHungría  contra el orden jurídico europeo crece en ferocidad e intensidad. Este 14 de julio, el Tribunal Constitucional de Varsovia declaró "inconstitucionales” las sentencias del Tribunal Europeo de Justicia  sobre la situación de los jueces polacos. Polonia está en camino de desvincularse del orden jurídico de la Comunidad y lanza el guante a Bruselas.

Este 15 de julio, el TJCE volvió a dictaminar que la nueva ley polaca sobre los jueces no era compatible con el Estado de derecho según las normas de la UE. Al mismo tiempo, la Comisión de la UE abrió nuevos procesos por discriminación de las minorías sexuales en Hungría y Polonia, que probablemente también acabarán ante el Tribunal Supremo. Pero si los gobiernos de estos dos países desconocen por principio las sentencias de Luxemburgo, ¿qué pasará ahora?

En Polonia estaba vigente la misma Constitución actual cuando, con su adhesión a la UE, firmó el Tratado de Lisboa, que consagra los principios democráticos, el Estado de derecho y la primacía del derecho comunitario sobre el nacional. Si ahora el Ministro de Justicia de Varsovia declara que la Constitución polaca es la única que rige la legislación en Polonia, está poniendo en duda la firma del Tratado de la UE por el gobierno de entonces.

El objetivo no es la salida, sino hacer lo que les plazca

¿Es este el camino hacia una salida de Polonia, como muchos sospechan ahora? El plan es probablemente diferente: declarar a la UE una mera máquina de distribución de dinero, con Polonia y Hungría, por supuesto, siempre como grandes receptores. Aparte de eso, ambos países quieren hacer lo que les plazca, sin molestas restricciones democráticas o legales. La idea de los autócratas nacional-populistas de Varsovia y Budapest parece ser la de una completa autonomía política y jurídica dentro de la UE, y al mismo tiempo, la de seguir recibiendo dinero de Bruselas. Hungría y Polonia son los mayores beneficiarios entre los países del Este.

Y esto es precisamente lo que Europa no puede permitir. Porque la base común es el Estado de Derecho, en el que se basan todas las ventajas de Europa, desde las fronteras abiertas hasta la libertad de elegir el lugar de residencia. En principio, todas las empresas y todos los ciudadanos de Europa deben poder confiar en encontrar un poder judicial independiente en toda la UE y gobiernos que respeten los principios democráticos.

Cuando Viktor Orbán introdujo la absurda palabreja de una "democracia iliberal", dejó claros sus objetivos políticos. Por supuesto que el término no tiene sentido, porque un país sin libertad de prensa, sin sociedad civil, sin un poder judicial independiente, simplemente no es una democracia. Las elecciones controladas solo son maquillaje en la máscara del gobierno autoritario.

Si ahora, con el fondo de reconstrucción, la UE se endeuda por primera vez de forma conjunta y distribuye sumas adicionales de miles de millones a los Estados miembros, el problema del Estado de derecho se vuelve crítico. ¿Por qué y hasta qué punto deben los demás contribuyentes europeos estar obligados a financiar a dos países antidemocráticos en su seno, que rechazan las reglas de la comunidad? ¿Por qué, si también rechazan la supervisión de la UE sobre el uso de los fondos o simplemente hacen que el control sea legalmente imposible?

La UE debe enfrentar a Polonia y Hungría

Viktor Orbán lleva años utilizando el dinero de la UE para alimentar a oligarcas leales a su gobierno, a familiares y compinches políticos. Y si Polonia rechaza ahora fundamentalmente la jurisdicción del Tribunal de Justicia Europeo, ¿cómo se puede controlar que el dinero del fondo de reconstrucción no se utilice para proyectos ilegales, por ejemplo? Podría tratarse de la construcción de nuevas centrales eléctricas de carbón o de una mayor destrucción de las reservas naturales: sin una ley de excepción, Bruselas no tendría ninguna posibilidad de intervenir.

La UE ha observado - e ignorado - durante demasiado tiempo la evolución de algunos países de Europa del Este, con un espíritu de solidaridad. Angela Merkel y el Partido Popular Europeo (PPE) en la Eurocámara tienen parte de la culpa, porque antepusieron la calma y la estabilidad al Estado de derecho. Con ello, le han señalado al partido polaco PiS que pueden llegar lejos con su rumbo antieuropeo.

Ahora, los demás europeos deben decir basta y emprender la lucha con Varsovia y Budapest. El siguiente paso es cortar el suministro de dinero a ambos. La UE no tiene ningún mecanismo para expulsar a un miembro renegado. Pero puede, como último recurso, retirar los derechos de voto y, por tanto, congelar prácticamente la afiliación. Si Europa no actúa ahora, perderá su credibilidad.

(jov/er)