Presidentas en América Latina: un avance lento pero continuo

En la historia reciente son muchos los logros de las mujeres que han aspirado a trabajar en instituciones políticas en igualdad con los hombres. Desde la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer de la ONU, celebrada en México en 1975, en la que se exhortó a los gobiernos a crear las bases de una participación igualitaria de las mujeres en la política, ha pasado mucho tiempo.

Las mujeres han recorrido un largo camino de luchas, y lo siguen recorriendo. Las décadas desde los años 70 hasta los 90 fueron decisivas porque generaron, a través de la propia reflexión sobre su situación en todos los ámbitos, movimientos de derechos de género y políticos en toda Latinoamérica. Más tarde, en 1995, se celebró en Pekín la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, el programa más amplio sobre igualdad y empoderamiento de la mujer hasta la fecha. Según datos de ONU Mujeres, en ese año había un 11,3 % de mujeres en los parlamentos del mundo. En 2019, esa cifra ya alcanzaba un 24,3%. En junio de 2019, 11 mujeres eran jefas de Estado y 12 jefas de Gobierno, pero solo ocupaban el 20,7% de los cargos ministeriales en todo el mundo.

Liderazgo político de las mujeres: un lento progreso

Todavía hoy, la aspiración de liderazgo de las mujeres se topa frecuentemente con ambientes reacios a eso. Y justamente por eso, el hecho de que en América Latina se hayan destacado mujeres presidentas no es un sobreentendido. En el siglo XXI, Michelle Bachelet fue la primera mujer elegida democráticamente como presidenta, en Chile, en 2006. Un año después, en 2007, los argentinos eligieron a Cristina Fernández de Kirchner para regir el destino del país. Más tarde, Laura Chinchilla fue presidenta de Costa Rica desde 2010 hasta 2014. Jeanine Áñez es presidenta interina de Bolivia desde el 12 de noviembre de 2019. Este 23 de septiembre de 2020, los rumores sobre una posible candidatura de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a la presidencia en 2022 ocuparon los titulares de algunos medios latinoamericanos, pero fueron desmentidos por ella misma en entrevista con el director del Noticentro 1CM&. ¿Se puede esperar que surjan otras presidentas latinoamericanas a mediano plazo? Si se toma en cuenta la paridad de género, las democracias latinoamericanas aún no la reflejan, y eso lo dificultaría. 

“Desde 1995 en América Latina se ha progresado en cuanto a la participación y liderazgo políticos de la mujer, pero muy lentamente”, dice Clara Franco, investigadora y doctoranda especializada en Género y Derechos Humanos del Instituto GIGA, de Hamburgo, en entrevista con DW. “Se trata de una progreso generacional. A medida que llegan nuevas generaciones de políticos, estudiantes e investigadores a las instituciones, que ya han crecido con la igualdad de género, ven a las mujeres como individuos que tienen derecho a participar”, explica. Si bien las mujeres siguen estando subrepresentadas en la política, la Unión Parlamentaria Internacional (IPU) resalta que hay un aumento de la presencia de las mujeres en la esfera política formal de todo el mundo.

Diputadas y juezas

En la historia latinoamericana hubo ya algunas mujeres presidentas mucho antes de Bachelet, Fernández de Kirchner y Chinchilla: Isabel Martínez de Perón (1974-1976, Argentina, viuda de Juan Domingo Perón) y Lydia Gueiler (Bolivia, 1978-1979), ambas escogidas en procesos sin previa elección democrática, y derrocadas por golpes de Estado. Violeta Barrios de Chamorro, viuda del líder opositor asesinado (1990-1997, Nicaragua) fue electa constitucionalmente. También lo fueron Mireya Moscoso Rodríguez (1999-2004, Panamá), viuda de Arnulfo Arias, Ertha Pascal-Trouillot (1990-1991, Haití) y Rosalía Arteaga Serrano (Ecuador, 1997, quien fue presidenta solo por dos días). La lista incluye también a la presidenta guyanesa Janet Jagan (1997-1999), que sucedió a su esposo, Cheddi Jagan.

Con respecto a la importancia de que haya mujeres mandatarias en los países latinoamericanos, Clara Franco opina que el foco no debería estar puesto solo en la presidencia: “En Latinoamérica somos muy presidencialistas, somos muy dados a creer que la figura del presidente es la única que importa en política, mientras que, en realidad, es mucho más importante tener parlamentos balanceados”. Que la figura en el cargo máximo de un país sea un hombre o una mujer, no es tan importante como que los escaños sean ocupados por mujeres de manera equitativa, para una toma de decisiones igualitaria en el sistema democrático.

En las Américas, en 2019 había un 30,6% de parlamentarias, mientras en Europa (incluídos los países nórdicos), esa cifra era del 28,7%. También en 2019, solo 3 países tenían un 50% o más de mujeres en el Parlamento: Ruanda, con el 61,3%, Cuba era el país con el mayor porcentaje de Latinoamérica, con un 53,2%, y lo seguía Bolivia, con un 53,1%. De acuerdo con ONU Mujeres, hay “pruebas fehacientes de que el liderazgo de las mujeres en los procesos políticos y de toma de decisiones mejora dichos procesos”.

Al mismo tiempo, resalta Franco, “es muy relevante que haya juezas federales”, debido a la importancia de las decisiones en el Poder Judicial. “Hay muchos cargos importantes, no solo el de presidenta, si hablamos de la participación política de las mujeres”, añade. Como el de alcaldesa, cargo que la bogotana Claudia López no piensa abandonar por una candidatura  presidencial, según dijo.

La discriminación continúa

A pesar de los progresos y los logros, las mujeres siguen siendo discriminadas en el sector empresarial e institucional y en el escenario político latinoamericanos. “Los prejuicios y las percepciones culturales sobre las funciones de las mujeres, la falta de recursos financieros y la indiferencia de las instituciones siguen impidiendo el acceso de las mujeres a la política y su participación en ella”, destaca un informe reciente de la ONU. El rol tradicional de las mujeres, centrado, en la crianza de los hijos y en la atención de la familia, hace que muchas de ellas decidan abandonar su carrera política para cumplir con ese papel, por decisión propia, pero también por presión social.

“La discriminación en la política sigue existiendo”, dice Clara Franco, “pero muchas veces no es activa, sino sistémica, de diseño. Viene desde las familias”. En ese nivel sistémico se empieza a notar una reducción de la participación igualitaria, agrega, y menciona que el problema para acceder al liderazgo político no es solo el famoso “techo de cristal” con el que se topan las mujeres en su carrera, sino el “piso pegajoso” (sticky floor), es decir, la enorme cantidad de obligaciones domésticas que siguen reteniendo a las mujeres en casa, por decisión propia o no. “Eso nos muestra el panorama completo, de ambos lados”, resalta la analista.

Esa discriminación, activa, pasiva y sistémica, también se refleja en el juicio que hace la opinión pública, y la misma clase política, acerca de las mujeres en cargos de poder. Si se visten o no adecudamente, si gesticulan más o menos y si su oratoria es determinante y agresiva -como podría ser la de un hombre- y se aleja de las características consideradas 'femeninas' por la heteronormatividad. 

Los juicios de valor que se aplican en esos casos no son los mismos que se aplicarían en el caso de los hombres, subraya Clara Franco. “¿Qué tal si cuando se describiera a un presidente o político, cuando más no fuera en forma de parodia, se mencionara lo bien que se mantiene para su edad, si se viste bien o no, si es un buen padre o no, o si su traje es de un diseñador o de otro?”, plantea. Seguramente eso demostraría que al aplicarlo a una mujer que ejerce la política es igual de inapropiado.

En referencia a los sistemas de cuotas como herramienta para lograr una mayor equidad en los diferentes estamentos de la política, Clara Franco piensa que “a lo que hay que apuntar es a una igualdad que venga desde abajo, desde la primera escolaridad”, ya que por la urgencia de cubrir las cuotas, muchas veces no se cumple con ese objetivo de manera eficaz. Puede haber ocasiones en las que las cuotas ayuden, incluyendo, por ejemplo, a mujeres indígenas y a personas con discapacidad, pero mejor sería que la participación política se gestara desde la educación temprana, concluye la experta.

(ers)