Proyectos medioambientales que fracasan por falta del entorno político adecuado
25 de enero de 2011
"El dinero atraviesa el hogar del pobre igual que sopla el viento a través de una cabaña en ruinas". Así reza un proverbio vietnamita. Un viento que, en el caso de la costa de Vietnam, sopla de forma considerablemente fuerte. En total, 3.200 kilómetros de costa, a los que hay que añadir numerosas islas.
Desconocemos por completo si existe una relación entre las ráfagas de viento de la costa vietnamita y el dinero del que disponen en sus monederos los habitantes del país. El caso es que Vietnam figuraba en 2010 en el puesto 113 de un total de 169 países en el Índice de Desarrollo Humano elaborado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), una posición considerada de "desarrollo medio".
Pero las condiciones de vida mejoran, la economía crece y, con ella, el consumo de electricidad. Entre 1995 y 2007, en un 15% de media anual. Es por ello que, junto con los combustibles fósiles y la energía hidráulica, el país pretende aumentar también el uso de la energía eólica. Esta última, según los datos de la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ, por las siglas en alemán), es la que "goza de las mayores oportunidades de futuro".
Así se recoge textualmente en la página web de la GIZ respecto al proyecto en Binh Thuan, al sureste del país. Allí se construyó la primera central eólica. Los expertos del sector ven en Vietnam un gran potencial en lo que respecta a las instalaciones "onshore". Es decir, parques eólicos instalados sobre tierra firme o en la costa.
El lento camino hacia la ley
Sin embargo, son pocas las empresas que han invertido en Vietnam hasta la fecha. Muchas alegan la falta de un marco legal. Es por ello que la GIZ asesora a diversos ministerios vietnamitas en el desarrollo de una ley sobre energías renovables.
Un largo camino, dado que "una norma sobre energías renovables en la que poder confiar consta de tres fases", como explica Sascha Thielmann, experto en energía de la GIZ. En primer lugar, el Gobierno debe crear las condiciones que hagan posible conectar fuentes de energía renovable a la red ya existente
Posteriormente, hay que establecer los requisitos para suministrar electricidad ecológica a la red. Y, finalmente, lo más importante: la tarifa. Si ésta es demasiado baja, para muchas empresas producir electricidad "verde" no será un negocio suficientemente lucrativo.
"Pero incluso si los países cumplen con todas las condiciones legales, eso no significa -ni de lejos- que los inversores acaben llegando", explica Thielmann. Hay más problemas que acechan en el camino: muchos procedimientos de adjudicación no son transparentes. Las compañías extranjeras no sabrían, a menudo, cuáles son los permisos necesarios y dónde conseguirlos. Deberían adquirir los derechos de utilización del suelo, negociar con las empresas operadoras sobre el suministro de energía a la red y atender los requisitos de seguridad.
A lo que hay que añadir todavía la corrupción, como explica Stefan Gsänger, secretario general de la asociación sectorial Asociación Mundial de Energía Eólica (WWEA, por las siglas en inglés). Y al final, por supuesto, todo ello debe resultar rentable. Así se explica que ni siquiera la mejor de las leyes sobre energía sea capaz de garantizar el fomento de la inversión.
Desarrollo sostenible a través de las leyes
Pese a todo, las leyes sobre energías renovables tienen todo el sentido del mundo. Fomentan, "junto al ahorro de emisiones, también un desarrollo sostenible, que se alcanza a través de cambios en la legislación", explica Karsten Smid, experta en clima de Greenpeace. Sólo así puede producirse un cambio social y ecológico a largo plazo.
Que una buena legislación merece la pena es algo que se puede comprobar con el ejemplo chileno. La GIZ también asesoró allí al gobierno. "Un paso importante es también la introducción de cuotas que deben ser elevadas paulatinamente", afirma Trude Könemann, representante de la GIZ en Chile.
El Gobierno de ese país latinoamericano aprobó una ley en 2008 que, desde el año pasado, obliga a las empresas proveedoras a que un 5% de la electricidad suministrada sea generada a partir de fuentes de energía renovables. Además, la electricidad debe proceder de instalaciones de menos de 20 megavatios de potencia.
En 2015, el 10% de la electricidad producida deberá proceder de energías renovables. El resultado: el año pasado se produjo un auténtico auge de la electricidad ecológica, que alcanzó el 8% del total de electricidad suministrada a la red.
El Gobierno concede licencias para construir instalaciones eólicas en zonas de propiedad estatal. Un desarrollo, en suma, sorprendente, teniendo en cuenta que en 2006 no existía una sola central eólica conectada a la red.
En Chile, la ley no sólo es ecológica, sino que tiene una motivación político-económica. El país depende en más de tres cuartas partes de las importaciones de energía. En 2006, una reducción de las exportaciones de gas natural procedentes de Argentina condujo a una crisis energética.
Fue entonces cuando el Gobierno decidió crear un plan nacional de seguridad energética. El potencial del mercado chileno no ha pasado desapercibido para los inversores extranjeros, como la compañía alemana Juwi. La empresa está presente en Chile desde 2010.
Juwi invierte también en el país latinoamericano debido al auge de su economía y al crecimiento de la demanda de energía, que se multiplicará por dos en los próximos diez años.
Autor: Michael Führer
Redacción: Emili Vinagre
Editor: Enrique López