¿Qué cambió en el nuevo acuerdo de paz?

El anuncio de la firma del nuevo acuerdo de paz generó la celebración callejera en Bogotá, mientras que las felicitaciones ya comienzan a llegar desde distintos puntos del planeta. Pero, ¿en qué consiste este nuevo acuerdo? ¿Qué cambió en este periodo de negociaciones en La Habana?

Justicia

Este fue el punto más complejo de tratar y también fue el más polémico para los detractores del acuerdo inicial y defensores del “no” en el plebiscito del 2 de octubre.

En resumen: no se acogió la idea de quienes exigían la reclusión tradicional para los guerrilleros acusados de delitos graves, pero sí se estipuló que los sentenciados no podrán movilizarse más allá de una zona establecida, y para hacerlo deberán cumplir con horarios establecidos por el Tribunal Especial para la Paz, además de pedir una autorización. Además, mientras transiten libremente por la zona delimitada deberán cumplir sanciones restaurativas.

El tribunal especial establecerá un sitio de residencia fijo para cada guerrillero que sea sentenciado a una pena de entre 5 y 8 años, algo que no estaba estipulado en el primer acuerdo de paz. En este mismo ámbito, las FARC aceptaron que los magistrados determinen caso a acaso si una acusación por narcotráfico podrá considerarse conexa al delito político.

Otro aspecto criticado en este punto por parte de los defensores del “no” era la duración del tribunal especial. En este sentido, el nuevo pacto eliminó la participación de magistrados extranjeros y la duración del Tribunal Especial para la Paz se fijó en 10 años y sólo en sus primeros 24 meses de existencia recibirá denuncias por delitos cometidos en medio del conflicto armado. Además, se admitió que las sentencias de este tribunal puedan ser revisadas y resueltas por la Corte Constitucional de Colombia.

Reparación a las víctimas

En el nuevo acuerdo, las FARC tendrán que declarar y entregar todos sus  bienes, so pena de perder los beneficios, y se usarán para reparar a las víctimas. Este era un reclamo generalizado tanto de los opositores al acuerdo como de los simpatizantes al considerar que este tema era bastante ambiguo en el primer acuerdo.

Propiedad privada

Se estableció que se respetará la propiedad privada en las zonas de conflicto, así nadie será expropiado por fuera de la ley vigente. Los temas sobre la legislación agraria y las tierras que se ocupan en esa actividad serán tratados en una comisión de expertos.

El catastro de las tierras no modificará por sí mismo los avalúos de los terrenos, no se autorizarán nuevas zonas de reserva campesina más allá de la legislación vigente para estas zonas.

Blindaje jurídico

La guerrilla manifestó en el primer tratado que se sentía segura si todo lo acordado en La Habana quedaba estipulado constitucionalmente, algo que en esta nueva negociación se descartó. En este nuevo acuerdo queda claro que no se ingresará lo firmado a la Constitución Política del país, sino que se garantizará el cumplimiento en base al compromiso de que ambas partes cumplirán lo pactado de buena fe.

Participación política de las FARC

La guerrilla no cedió a la exigencia de los defensores del “no” de establecer la inviabilidad política de los guerrilleros, es decir, en las próximas elecciones de 2018 y 2022, los exmiembros de las FARC podrán competir para ocupar los cinco curules que se les garantizará en el Senado y la Cámara Baja. Santos explicó que “las FARC tienen un origen político y su intención hacia el futuro es poder hacer política sin armas”.

También se detalla que los guerrilleros no podrán competir por las 16 curules transitorias en la Cámara de Representantes, dadas por la circunscripción especial para la paz por dos períodos electorales. Estos cupos están dirigidos a los ciudadanos en zonas afectadas por el conflicto armado y serán elegidos por los habitantes de esas mismas zonas.

Se les redujo la financiación al partido de las FARC en un 30 por ciento, así queda en igualdad de condiciones con los demás partidos.

Drogas

En el nuevo documento se estipula que todos aquellos que se presenten a la Justicia especial para la paz deberán entregar toda la información relacionada con el narcotráfico, para lograr atribuir responsabilidades en estos delitos.

El Gobierno mantendrá todas las herramientas para erradicar la droga, lo que incluye la fumigación y los programas de sustitución de campesinos. Por último, no habrá formalización de ningún predio sin que antes se constate que está libre de cultivos ilícitos.

MN (El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Siglo)