Querella argentina: exministro español defiende su inocencia
3 de septiembre de 2020
Después de años de intentos frustrados, una jueza argentina tomó este jueves declaración indagatoria al exministro español Rodolfo Martín Villa, investigado por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante la transición del franquismo a la democracia.
Por teleconferencia y durante más de cinco horas, Martín Villa, quien se dice inocente, prestó declaración indagatoria ante la jueza instructora María Servini desde la embajada argentina en Madrid.
"He venido a defenderme, porque me rebelo a vivir en presunción de culpabilidad en vez de presunción de inocencia, pero sobre todo defender que es imposible que en la Transición hubiese un genocidio", ha manifestado a la jueza, según afirman a Efe fuentes de su defensa, que subrayan que ha declarado voluntariamente "para hacer frente a las falsedades de la querella argentina".
El expolítico fue nombrado ministro de Relaciones Sindicales en diciembre de 1975, menos de un mes después de la muerte del dictador Francisco Franco. Desde entonces y hasta abril de 1979 ejerció sucesivamente esta cartera y la de Interior.
Martín Villa está investigado en la llamada "querella argentina", una demanda presentada en 2010 en Buenos Aires por víctimas del franquismo, para que se investiguen los crímenes cometidos durante la dictadura (1939-1975) y la transición a la democracia, y que en su mayoría no pueden ser juzgados en España al estar cubiertos por una ley de amnistía de 1977.
Servini investiga la posible responsabilidad del exministro en la muerte de 12 personas en Madrid, el País Vasco y Navarra, por disparos de policías, guardias civiles y grupos ultraderechistas en una España que caminaba trabajosamente hacia la democracia entre atentados de grupos de extrema derecha y extrema izquierda.
Cinco de esas víctimas murieron por disparos de la policía durante el desalojo de una asamblea celebrada en una iglesia de Vitoria (norte) el 3 de marzo de 1976, en apoyo a una huelga.
Tras esta indagatoria, la jueza, que actúa en nombre de la justicia universal, tiene un plazo de diez días para decidir si procesa o no a Martín Villa, de 85 años.
eal (afp, efe)