¿Quién acepta el salvavidas financiero?

El plan alemán de emergencia financiera, que contempla recursos cercanos a los 500 mil millones de euros para ir al rescate del sistema bancario, fue despachado con una rapidez sin precedentes. Lenta en cambio ha sido la reacción de los potenciales beneficiarios, a todas luces reacios a utilizar el salvavidas lanzado por el gobierno de Alemania. Aferrarse a él supone, en primer lugar, reconocer la magnitud de los agujeros en sus propias arcas y, en segundo término, aceptar las condiciones que imponga el Estado. Los políticos de Berlín ya han dejado más que claro que la ayuda no será gratuita.

Sólo un primer paso

Difícil resulta pues para los bancos aceptar la mano que les tiende el fisco. El hecho de que el BayernLB haya dado el primer paso, con el anuncio del primer ministro bávaro de que recurrirá a los fondos de emergencia, tampoco facilita demasiado las cosas al resto. Los graves problemas del instituto crediticio bávaro ya eran públicamente conocidos. En consecuencia, no tiene mucho que perder en materia de imagen.

Otros, en cambio, luchan ofensivamente contra la desconfianza generalizada de estos días. El jefe del Deutsche Bank, Josef Ackermann, señaló en la edición dominical del diario Bild que su banco “no necesita capital del Estado”, ya que cometió considerablemente menos errores que otros. “Pese a la crisis, todavía tenemos más de tres mil millones de utilidades”, indicó el banquero, concluyendo que “no nos hemos batido tan mal”.

Más que cuestión de honor

De seguro, no todos pueden decir lo mismo. Pero incluso los bancos magullados por la crisis tienen problemas para admitirlo. Preferirían una solución que les permitiera no perder la cara, lo cual en este caso no es sólo cuestión de honor, sino también cuestión de dinero.

Si el temor a las consecuencias se impone, de poco servirá el sistema de rescate ideado por el gobierno alemán. En consecuencia, el asunto se está tratando con sumo sigilo, también de parte del Ministerio de Hacienda de Berlín, interesado en que los fondos puestos a disposición por el Estado efectivamente sirvan para evitar un desastre.