¿Qué logrará la nueva comisión de la ONU en Venezuela?

Si algo ha acompañado a la llamada ‟revolución bolivariana” ha sido la denuncia reiterada, desde los tiempos del fallecido Hugo Chávez, de violaciones a los derechos humanos. Una situación que, de acuerdo con el último informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se tradujo en casi siete mil ejecuciones extrajudiciales en el país entre enero de 2018 y mayo de 2019, y que actualmente da cuenta de 477 presos políticos, según la ONG Foro Penal.

Esta semana, Bachelet actualizó su informe durante la 42a sesión del Consejo de Derechos Humanos celebrada en Nueva York. Allí denuncia al menos 57 nuevas ejecuciones cometidas solamente en la ciudad de Caracas en el mes de julio. Además, la alta comisionada afirma que el gobierno de Nicolás Maduro no ha mostrado voluntad para detener estos excesos. Un balance que seguramente incidió en la decisión de la ONU de establecer una comisión de investigación independiente al respecto.

Un costo para el chavismo

"Esto es muy positivo para el país”, dice Rocío San Miguel, defensora de los derechos humanos en Venezuela. "Pero no hay que hacerse falsas expectativas: la labor de esta comisión puede durar uno o varios años y su funcionamiento suspende momentáneamente la competencia de la Corte Penal Internacional sobre casos ocurridos en Venezuela. Pero una vez concluida la misión, podría acelerar la admisibilidad de casos por los hallazgos obtenidos”, agrega.

Esta no sería la primera vez que organismos internacionales emprenden procesos para determinar violaciones a los derechos humanos en el país. Estas iniciativas generan respaldo a nivel internacional, pero en términos pragmáticos logran muy poco para las víctimas. Sin embargo, de acuerdo con Juan Navarrete, especialista en derechos humanos, el trabajo de esta comisión podría tener un impacto real.

"Esto traerá consecuencias políticas, jurídicas y penales”, explica el experto. "En lo político, representa un costo para el régimen, que cada vez se hace menos defendible por la izquierda mundial. En lo jurídico, este proceso podría terminar acusando al régimen de ser el ejecutor de estas violaciones. Y en lo penal, la comisión tiene la potestad de establecer responsabilidades individuales”, dice.

Efectivamente, uno de los encargos de la comisión sería entregar al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, una lista detallada de los implicados en violaciones a los derechos humanos en el país. Un documento que podría ser confidencial, y que debería promover acciones legales de carácter internacional. Se trata de una diferencia sustancial en relación al reciente informe de Michelle Bachelet, que aunque contundente, solo se quedó en conclusiones y recomendaciones.

El obstáculo del Consejo de Seguridad

Pero en la práctica, el trabajo de la comisión enfrentará una traba mayor, pues en el marco del Estatuto de Roma -el tratado que regula el funcionamiento de la Corte Penal Internacional-, los resultados que arrojen estas investigaciones deberán pasar por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Una instancia en la que sistemáticamente China y Rusia han ejercido su poder de veto a favor de Venezuela.

"En cualquier caso, esto no va a resolver la situación ni disminuir las violaciones a los derechos humanos en el país”, afirma Ronal Rodriguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, en Bogotá. "Su importancia radica en que genera más presión, sobre todo en la izquierda europea y latinoamericana, que ya no puede seguir hablando de Venezuela como un caso de lucha contra el imperialismo. Ese argumento se desvanece, pues las evidencias de torturas y asesinatos por resistencia a la autoridad ponen al régimen de Maduro al mismo nivel de las dictaduras de la segunda mitad del siglo XX”, dice.

Pero la aprobación de esta resolución ya enfrenta su primer obstáculo: el representante de Venezuela ante la ONU adelantó que Caracas no colaborará con la comisión investigadora. Un contrapié que para Rodríguez pondrá de manifiesto una fortaleza que la sociedad venezolana ha desarrollado en estos tiempos de autoritarismo.

"Hoy no es el Estado quien tiene cifras, sino las organizaciones civiles. Y eso es formidable para América Latina. Es un ejemplo de cómo el país se organiza para dar respuestas cuando las instituciones ya no son capaces de actuar”, señala. (dzc)

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