Redoblada lucha contra Sendero Luminoso

Algunos conocedores del acontecer peruano sostienen que el último golpe asestado al grupo terrorista Sendero Luminoso se dio hace un año y que, desde entonces, el Gobierno local sólo simula tener éxito en su combate contra los insurgentes. Por un lado, ufanándose del equipamiento militar con que buscará expulsar a los guerrilleros del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) para que dejen de proteger a los carteles del narcotráfico y de sabotear la explotación del gas natural en el corazón energético del país.

Por otro lado, arrestando a miembros del Movimiento Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF), un partido político no reconocido oficialmente, cercano al dirigente senderista Abimael Guzmán y acusado de recibir dinero de Eleuterio Flores Hala, otro líder guerrillero, para liberar a los camaradas encarcelados y permitirles continuar la lucha armada en la provincia del Huallaga, departamento de San Martín. En entrevista con DW, Gustavo Gorriti ofrece un diagnóstico más complejo de la situación.

Gorriti es director de IDL-Reporteros, una publicación independiente dedicada al periodismo de investigación auspiciada por el Instituto de Defensa Legal (IDL), organización no gubernamental que defiende los derechos humanos y la gobernabilidad democrática en Perú. El periodista limeño se dio a conocer internacionalmente por la cobertura del conflicto armado interno de su país, que comenzó en 1980; por el libro que escribió al respecto, Sendero: historia de la guerra milenaria en el Perú; y por sus colaboraciones para grandes diarios estadounidenses.

Deutsche Welle: En lo que va de año parecen haberse multiplicado los esfuerzos del Gobierno peruano para acorralar y desmantelar a Sendero Luminoso. ¿Qué tan efectivas han sido las medidas tomadas hasta ahora?

Gustavo Gorriti: Debemos especificar a qué grupo residual de Sendero Luminoso nos referimos. Un remanente se autodenomina Partido Comunista de Perú, es dirigido desde la cárcel por Abimael Guzmán, reconoce su derrota en la ‘guerra popular’, da por terminado aquel período, busca incursionar en la vida política nacional y pide pacíficamente –con apoyo del MOVADEF– una amnistía para sus miembros encarcelados o, por lo menos, la mejora de sus condiciones de reclusión. El otro remanente continúa alzado en armas.

Sin embargo, esa facción que se mantiene en pie de guerra no tiene proyección significativa fuera del VRAEM, que abarca tres departamentos del Perú. Bajo el mando de los hermanos Quispe Palomino, los integrantes de este grupo han terminado por repudiar de manera virulenta todo lo que ha significado Abimael Guzmán, ayer y hoy, para Sendero Luminoso. Ellos reniegan del liderazgo y de la ideología marxista-leninista-maoísta de Guzmán. Se trata de dos huestes distintas y el Estado debería actuar diferenciadamente contra ambos.

La campaña militar para neutralizar a los senderistas del VRAEM ha arrojado resultados parcialmente positivos; aunque no se han rendido, éstos han recibido fuertes golpes y se han replegado. Pero el Gobierno aplicó medidas menos felices contra el MOVADEF, llevando a cabo redadas que culminaron con el arresto preventivo de sus dirigentes. Muchos de ellos fueron liberados por falta de pruebas suficientes en su contra. El MOVADEF debe ser vigilado atentamente, pero nada justifica la desproporcionada represión de un grupo desarmado.

¿Qué lleva al Gobierno peruano a darle un nuevo impulso a su lucha contra Sendero Luminoso? ¿Se debe a un forcejeo por el control sobre las tierras del VRAEM, donde se cultiva la mayor parte de la coca mercadeada por los narcotraficantes y donde se concentran las mayores reservas de gas natural del Perú, yacimientos codiciados por numerosos inversionistas extranjeros?

Aunque el VRAEM es la zona del país donde el narcotráfico es más intenso, no es cierto que la región esté totalmente controlada por los restos de Sendero Luminoso ni que sus miembros estén ligados orgánicamente con las grandes organizaciones del narcotráfico. Los senderistas solían ser contratados para ofrecerles protección, sobre todo a las caravanas de mochileros que transportaban droga cuando la principal manera de sacarla de la región era a pie o a lomo de bestia. Pero ahora predomina el tráfico por vía aérea.

Avionetas y naves bimotores van y vienen entre Perú y Bolivia hasta seis veces por día con por lo menos 300 kilos de droga a bordo. La mayor parte de esos aviones despegan y aterrizan en zonas donde Sendero Luminoso no ejerce mayor control. Estos cambios han disminuido notablemente la capacidad de Sendero Luminoso de ofrecerle protección a los narcotraficantes. Y éstos, por cierto, siempre han preferido actuar independientemente de Sendero Luminoso cuando las circunstancias lo permiten.

Lo que sí explica el nuevo ímpetu con que el Gobierno de Ollanta Humala lucha contra los senderistas del VRAEM es la expansión de Sendero Luminoso entre 2010 y 2012, que les permitió operar cerca de los yacimientos de gas natural de la zona. La primera contraofensiva del Gobierno, iniciada tras un secuestro masivo de trabajadores del sector energético, no fue exitosa. La repetición de los secuestros obligó al Estado a optimizar sus operativos porque quedó en evidencia la vulnerabilidad de la médula energética del Perú.

¿Cree usted que las nuevas arremetidas del Estado peruano aticen la violencia en el país, afectando sobre todo a la población campesina del VRAEM?

En el VRAEM hay una guerra irregular. El grupo dirigido por los hermanos Quispe Palomino ha hecho lo posible por expandirse en la zona, usando métodos propios de la guerrilla y, ocasionalmente, del terrorismo. Así que al Gobierno no le ha quedado otra salida que contraatacar con recursos militares. Pero recordemos que los golpes sufridos por los senderistas en los años ochenta y noventa no fueron propinados por el Estado, sino por los campesinos organizados. El campesinado peruano está acostumbrado a enfrentar situaciones de violencia.

Yo traigo esto a colación porque donde hubo peligro real de intensificación de la violencia fue a fines de 2013 y principios de 2014, cuando el Estado decidió erradicar los cocales agresivamente. El Gobierno corrió el riesgo de tener como opositores, no ya a los senderistas, sino a los campesinos que dependen del cultivo de la coca para su subsistencia. Por fortuna, el Gobierno cambió su estrategia y ahora incentiva la sustitución de la coca por cosechas legales mediante el diálogo y el estímulo, no mediante la imposición y el castigo. Esta situación también sirve de marco para entender los operativos gubernamentales contra los senderistas del VRAEM.