Reforma constitucional en España: ¿solución o quimera?

El desafío independentista de Cataluña arroja incertidumbre sobre España. El país necesita soluciones a largo plazo y paradójicamente las necesita con urgencia. Una de las opciones es la reforma constitucional. Es la condición que puso el PSOE a cambio de dar su apoyo al gobierno de Mariano Rajoy frente a una declaración unilateral de independencia. También es, desde hace años, aunque no exclusivamente en relación con Cataluña, una de las grandes reivindicaciones de la izquierda más crítica. ¿Hasta qué punto, sin embargo, es esta una solución viable?

Quizás el problema más importante sea que hablar de reforma constitucional en general es no hablar de nada. La Constitución prevé diferentes procedimientos para la modificación de diversas áreas de su articulado. Y reformar "la indisoluble unidad de la nación española” exige la vía agravada: una mayoría de dos tercios de cada cámara parlamentaria, la disolución de ambas, nuevas elecciones, ratificación del texto por el nuevo Parlamento bicameral y ratificación posterior por parte del cuerpo electoral a través de un referéndum. "Poco menos que inasequible”, valora Sebastián Martín, profesor de Historia del Derecho de la Universidad de Sevilla.

Una reforma poco ambiciosa

A esto se suma que, en realidad, el pacto entre PP y PSOE por el que podría alcanzarse una reforma se limita a las cuestiones competenciales y de la financiación autonómica. Ni oír hablar de temas como la jefatura de Estado o el sistema electoral, temas menos explosivos pero que siguen dividiendo a la sociedad española.

"Dentro de una reforma constitucional cabrían muchas cosas. El problema de esta propuesta es que para una parte importante del independentismo no se acepta nada por debajo de un referéndum pactado”, explica a DW Jorge Galindo, politólogo y editor de la web de análisis Politikon. Sin embargo, el PP y sus socios han dejado fuera la opción de un referéndum sobre la independencia de Cataluña.

Pero podría haber otras propuestas sobre la mesa. El profesor Martín cita, entre otras, el reconocimiendo del derecho de la autonomía para tener competencia en materia de justicia, hacienda o codificación penal, civil o mercantil. "También se puede reformar el Senado, dando un mayor peso a su carácter de cámara de representación territorial”, añade. En este punto coincide con Galindo, quien también sugiere una cuota de asientos de las autonomías en el Tribunal Constitucional.

"Es un debate que para que no sea un parche tendría que ser mucho más amplio y sentar en la mesa, en prácticamente igualdad de condiciones y junto al Estado, a andaluces, vascos, catalanes, madrileños, etcetera”, afirma el politólogo.

¿El espejo alemán?

Avanzar hacia un modelo federal como el de Alemania es otra de las ideas más consolidadas, especialmente dentro del PSOE. No obstante, el historiador y jurista Martín advierte de la polisemia del término federalismo, pues a menudo el argumento se limita a un sistema de competencias altamente descentralizado.

El federalismo alemán es algo más que eso. No se trata tanto del punto de llegada como del de origen. El académico explica que Alemania "es un Estado federal porque parte de la consideración de que los elementos que lo conforman, los Länder, tienen su propia sustantividad anterior a la federación”. 

El caso de España y Cataluña, argumenta, no es el mismo. "Siempre se ha entendido de la manera inversa: Cataluña forma parte de España y esta le reconoce una singularidad histórica, cultural y política que le permite disfrutar de un régimen de autogobierno plasmado en un estatuto”.

Galindo, por su parte, opina que el espejo alemán puede ser útil como modelo a seguir en cuanto a la corresponsabilidad fiscal o al poder de las regiones en el Gobierno central. "Esa sí es una buena referencia, al menos para el PSOE. La pregunta es si lo es para el PP y para su electorado. Ahí tengo mis dudas”.

"Es el contrato que tenemos”

Al final, la cuestión se resume en que las demandas de reformas chocan frontalmente con la postura inmovilista del PP y, en gran medida, de su socio Ciudadanos. A esto se suma la dureza de cláusulas de reforma constitucional en su vía agravada. Pero ello no quita que quienes piden diálogo entre Madrid y Barcelona vean en esta opción una posibilidad de ganar todos. O, al menos, de repartir las pérdidas.

"Nos hemos encontrado con que es muy difícil reformar un contrato con el que una parte importante de la ciudadanía no se siente tan cómoda como antes”, dice Galindo. "Pero es el que tenemos”. Y, concluye, es en estos términos en los que partidos y ciudadanos tendrán que buscar una solución de futuro sostenible.