Saqueos opacan 30º aniversario de democracia argentina

Este martes (10.12.2013), al conmemorar los treinta años de su democracia, Argentina puede ufanarse de haber dejado atrás uno de los capítulos más oscuros de su historia: el de la sangrienta dictadura que tuvo en sus manos las riendas del país entre 1976 y 1983. Pero al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner le ha tocado celebrar este aniversario redondo en medio de un tenso clima social por los saqueos que se han producido en diversas provincias, aprovechando las huelgas de los policías que reclaman aumentos salariales.

El festejo se ha visto opacado por la crisis que comenzó hace una semana en la provincia de Córdoba y se propagó hacia otros rincones de Argentina dejando varias víctimas mortales. Los sucesos de Córdoba pueden haber sido instigados y hasta tener un componente de disputa entre bandas de narcotraficantes. Así lo cree el Gobierno central. Pero su contagio masivo al resto del país deja en evidencia una situación social que no reflejan ni las estadísticas ni el discurso oficial.

Reacción tardía

Salarios y subsidios sociales insuficientes ante una inflación que superaría este año el 25 por ciento y una devaluación cada vez más acelerada, casi un cuarto de la población argentina sumida en la pobreza –según el Barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA)–, y una desaceleración de la actividad que, por factores externos e internos, afecta principalmente a las economías regionales, se convirtieron en un combo explosivo.

Por otro lado, las imágenes de los disturbios mostraron que no fue el hambre el único motor de los saqueos. Tanto en Córdoba como en Tucumán o el Chaco no sólo fueron vaciados los supermercados, sino también comercios en donde lo que se vendía era artículos de electrónica, deportivos, juguetes o colchones. Hasta sucursales de empresas de telefonía celular fueron asaltadas en los últimos días.

El Ejecutivo, que sostiene mejores relaciones políticas y económicas con las provincias en donde mandan los aliados de Fernández de Kirchner, tardó en reaccionar en el caso de Córdoba, cuyo gobernador, el peronista opositor José Manuel de la Sota, es un duro crítico del kirchnerismo. El mal manejo de la crisis por parte de De la Sota hizo que la situación se le fuera de las manos y su capital, la segunda ciudad más importante de la Argentina, quedara más de un día dominada por bandas de delincuentes.

Compleja negociación

En Córdoba, la policía estuvo autoacuartelada. Ante el silencio de la presidenta –objeto de una operación delicada en octubre y víctima de un revés electoral en los recientes comicios legislativos–, el nuevo jefe de ministros, Jorge Capitanich, se convirtió en la voz del Gobierno de cara a los saqueos. "Ser policía significa tener armas para proteger a los ciudadanos, y no generar zozobra" a la gente o "extorsionar y presionar" a los Gobiernos, criticó este 10 de diciembre el jefe del Gabinete.

El reclamo salarial de las policías provinciales, muchas de las cuales ya aceptaron una propuesta de unos 8.500 pesos, frente a los 3.300 pesos en que se ubica el salario mínimo, puso una vara muy alta para el resto de los trabajadores del sector público y podría desatar reclamos en diversas ramas de la actividad en el inicio de la nueva ronda de negociaciones salariales pautada para 2014.

El principal temor en estas horas es que los disturbios lleguen al denominado “conurbano bonaerense”, el populoso cinturón de municipalidades que rodea a la capital argentina y está habitado por cerca de nueve millones de personas. El Gobierno central armó un "comando de operaciones" antisaqueos con base en La Matanza, el municipio más poblado y con altos índices de pobreza, y una red de alerta temprana para identificar posibles riesgos.

ERC ( dpa / AFP )