¿Se descarrila Rumania?

Desde hace semanas, el Gobierno del presidente Víctor Ponta se esfuerza, al parecer por todos los medios, por retirar definitivamente de su cargo al presidente Traian Basescu, quien fue suspendido de sus funciones a comienzos de julio.

¿Listas electorales falsificadas?

La lucha por el poder alcanzó, hasta el momento, su punto más candente el 10 de agosto, cuando la Fiscalía del Tribunal Supremo de Rumania publicó protocolos de conversaciones telefónicas de ministros y altos cargos públicos que habían sido intervenidas. En ellas se afirma que el Gobierno de Víctor Ponta habría intentado manipular las listas electorales borrando de ellas, por presunta defunción, a miles de ciudadanos. También habría borrado a los ciudadanos residentes en el extranjero.

El objetivo era bajar el número de votantes para conseguir el 50 por ciento de participación requerido para que el referéndum para destituir a Basescu fuera válido. En éste, que tuvo lugar el 29 de julio, participó un 46 por ciento de la población y el 80 por ciento apoyó la destitución del presidente.

En contra de las medidas anticorrupción

A Basescu se lo acusa de haberse excedido en sus competencias y haber violado con ello la Constitución. Muchos políticos de la actual coalición socialdemócrata-liberal ven amenazados sus intereses por las reformas en el aparato de Justicia y las medidas anticorrupción que había empezado a introducir el presidente.

De un “colapso político” hablan los diarios nacionales. Monica Macovei, ex ministra de Justicia y actual eurodiputada, califica a los miembros al gabinete de Ponta de “infractores que han marginado a Rumania en la Unión Europea”.

Un magistrado en apuros

A comienzos de agosto el Tribunal Constitucional comenzó a formar parte del conflicto; tiene que decidir si el referéndum para destituir a Basescu es válido o no. Augustin Zegrean, presidente del Tribunal Constitucional, se dirigió a la Comisión Europea y al Consejo de Europa. El Gobierno de Ponta ejerce presión, los magistrados se sienten amenazados, afirmaba Zegrean en la carta dirigida a Bruselas.

En su respuesta, José Manuel Durao Barroso, presidente de la Comisión Europea, y Viviane Reding, comisaria europea de Justicia, subrayan su voluntad de “garantizar el respeto a la Justicia en Rumania”. Poco después, el Gobierno de Ponta calificaba a Zegrean de traidor; el nuevo ministro de Exteriores, Titus Corlatean, acusa al magistrado de estropear la imagen de Rumania en el exterior.

“El Estado de Derecho no está verdaderamente desarrollado en Rumania y este escándalo en torno al Tribunal Constitucional es un ataque a los pocos campos que funcionan”, afirma Peter Eckstein-Kovac, político especialista en derechos humanos y representante de la minoría húngara en Rumania.

Entretanto, el propio primer ministro Ponta aboga por aceptar la derrota ante Basescu; sin embargo, no logra convencer a su partido. Según observadores, Ponta carece de autoridad en sus propias filas. No hay que olvidar que también él se encuentra en las cuerdas debido a una acusación de plagio de su tesis doctoral.

Poco interés por valores de la UE

Al parecer, la lucha por el poder seguirá hasta noviembre, momento de elecciones parlamentarias. La gente tiene la sensación de que la legalidad no existe y que el Estado de derecho puede ser desmontado en poco tiempo por grupos políticos corruptos y su clientela.

Según Laura Stefan, jurista que integra la comisión de expertos que verifica periódicamente los avances institucionales del país, en Rumania “nadie se atiene a las reglas, a la mayor parte de la élite política no le interesan los valores de la UE y querría ver a Rumania lo antes posible fuera”. Por ello, así su temor, “todo lo que hemos logrado estos dos años con esfuerzo como activistas de la sociedad civil puede ser destruido en pocos días”.

Autor: Keno Verseck/mb
Editora: Emilia Rojas