Asesinatos de defensores no cesan en cuarentena

Una decena de líderes sociales y activistas han sido asesinados en las últimas semanas, a pesar de que, en numerosos países de América Latina, al igual que el resto del mundo, viven en cuarentena. La actual situación de crisis sanitaria mundial, que golpea desde hace semanas al planeta, está causando estragos a los líderes sociales y activistas en América Latina. El confinamiento, una acción para prevenir el contagio del temido virus COVID-19, está siendo un arma de doble filo para ellos. 

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras denunció el asesinato de la defensora Iris Argentina Álvarez, que pertenecía una cooperativa campesina que recuperó tierras propiedad del Estado para la siembra de productos de consumo básico. Por otro lado, en la Amazonía brasileña, Zezico Guajajara, indígena que ejercía de "Guardián", una peligrosa tarea que consiste en patrullar el bosque, capturar a los madereros ilegales y expulsarlos, también fue asesinado. 

"El Gobierno de Brasil ha promovido graves retrocesos de su legislación ambiental que, además, ha acompañado con un discurso que ataca a los defensores ambientales y su labor", dijo a DW Liliana Ávila, Abogada Sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). 

Ávila consideró que "la emergencia social generada por la COVID-19 no soluciona los conflictos sociales y ambientales ni las debilidades institucionales que pueden explicar el asesinado de líderes sociales en América Latina". "Estos son problemas anteriores que no se suspenden por la llegada de una pandemia", subrayó. 

Levi Sucre, Coordinador General de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB), recordó que en Centroamérica los asesinatos de líderes indígenas se han incrementado en la última década.  Actualmente, "muchos actores, que disputan tierras y recursos naturales de los pueblos indígenas, encuentran un espacio donde el Gobierno y la población está buscando cómo resguardarse del coronavirus y no están atendiendo este tipo violencia", dijo a DW. En este contexto de pandemia se "atacan a líderes que terminan en crímenes como el caso del pueblo Mayagna de Nicaragua, o acorralamiento a comunidades indígenas para que no luchen por sus tierras, como es el caso de China Kicha en Costa Rica", lamentó.

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Colombia, en el punto de mira

"Los asesinos no descansan y menos se quedan en casa. Al contrario, parece que las estructuras criminales, grupos neoparamilitares y disidencias de las FARC aprovechan la situación del coronavirus y siguen matando a líderes sociales, especialmente en las zonas alejadas del país", lamentó a DW Stefan Peters, director de CAPAZ, Instituto Colombo-Alemán para la Paz.

En este país, al menos seis líderes han sido asesinados en los últimos días. "La COVID-19 ha hecho una sombra perfecta a la violencia en Colombia porque la atención mediática está en la pandemia y no se está prestando atención a los territorios", dijo a DW Sirley Muñoz del Programa Somos Defensores. Así apuntó que los datos recogidos durante este primer trimestre "es una cifra muy alta" respecto a los mismos datos del año pasado en el mismo periodo. Igualmente, lamentó que la situación se haya agravado con la cuarentena, ya que los defensores están asentados en un lugar de manera permanente y "no pueden circular libremente por el territorio". De este modo, "los líderes son fácilmente identificables", lamentó.

Para Peters, esta situación es una muestra de que "las políticas y las estrategias de protección por parte del Gobierno no son suficientes ni adecuadas". De este modo, criticó que estas "muchas veces llegan tarde" y cuentan con "pocas posibilidades de participación de las personas amenazadas en la asignación de las medidas de protección".

No obstante, la abogada de AIDA recordó que "los Estados tienen obligaciones de derechos humanos que son impostergables aún en estados de emergencia", refiriéndose a la protección de la vida. "La pandemia no es una excusa para que los Estados se desentiendan de ese compromiso", aseguró. Por este motivo, el director alemán apuntó que, en el caso colombiano, "no es suficiente lamentar los hechos, el Estado tiene que actuar". 

Esta actuación pasa por evitar los conflictos sociales y ambientales en los proyectos. "Avanzar en un proyecto sin analizar los impactos ambientales, sociales y de género que puede provocar conflictos que, a su vez, ponen en alto riesgo a los líderes sociales", explicó Ávila. De este modo, abogó por abrir "escenarios reales de información y participación en la toma de decisiones de los asuntos públicos" en los que estos puedan intervenir. 

Así, calificó el Acuerdo de Escazú "como un instrumento muy importante para promover la democracia ambiental en el continente". Además de mejorar el acceso a la información a partir de éste, Ávila indicó qué otras medidas deben llevar a cabo los Estados para conseguir la protección efectiva los defensores: fortalecer sus programas de protección y apoyar los planes de protección de las comunidades y defensores en riesgo. 

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