Tortura permitida
4 de noviembre de 2011
A los atentados del 11 de septiembre y a la llamada “guerra contra el terrorismo” se continúa aferrando Alemania para servirse de subterfugios a la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, critican Amnistía Internacional (AI) y otras dos organizaciones pro derechos humanos en un informe. Los germanos socavan la ley internacional, advierten los activistas, cuando intercambian datos con Estados que maltratan a detenidos. Y el hecho de que sus agentes interroguen a prisioneros en cárceles de países que no han ratificado la Convención y no cumplen los estándares humanitarios lo consideran problemático.
El documento de las ONG fue puesto a disposición del Comité Antitortura de la ONU, que se reúne en Ginebra como parte de sus procesos regulares de inspección y supervisa este viernes (04.11.2011) el caso de Alemania. El acuerdo contra los tratos crueles, inhumanos o degradantes data de 1984 y porta hasta el momento 146 firmas. Para los subscriptores, la Convención se torna vinculante y, junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la prohibición del genocidio, es una de las normas del derecho internacional más relevantes entre las surgidas después de la II Guerra Mundial.
Interrogatorios en cárceles
Varios casos concretos de colaboración alemana con Estados en los que se procede sistemáticamente a la tortura –como Uzbekistán, Siria o Pakistán- han presentado Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR, por sus siglas en inglés) al Comité Antitortura de Naciones Unidas. Entre ellos se encuentra el del uzbeco Sherali Asisov, supuestamente relacionado con una de las células de terrorismo islámico activas en Alemania durante los años previos al 11-S.
En 2008, Asisov fue interrogado por un funcionario germano en una cárcel de Taskent, la capital de Uzbekistán. Presentes en sala se encontraban miembros del servicio secreto del dictatorial país. En noviembre de 2010, Asisov falleció en prisión en circunstancias todavía desconocidas. AI exige a Alemania que lleve a cabo cuanto esté en su mano para dilucidar la muerte del uzbeco. ECCHR va aún más lejos y demanda que “las fuerzas de seguridad alemanas suspendan por completo los interrogatorios de presos en países en los que se sabe que se aplica la tortura”.
Esclarecimiento entorpecido
Las tres ONG denuncian además la existencia de un “bloqueo informativo por parte del Gobierno alemán”, a consecuencia del cual sigue sin poder esclarecerse el nivel de implicación germana en el secuestro, la detención ilegal, la interrogación y el mal trato de sospechosos de terrorismo por parte de la CIA.
Una de esas personas fue Mohamed Haydar Zammar, internado por el servicio de inteligencia estadounidense en una cárcel siria poco después del 11 de septiembre de 2001. Por pertenencia a los Hermanos Musulmanes, una agrupación prohibida en Siria, fue condenado en 2007 a 12 años de prisión. “Aún no sabemos qué papel jugó Alemania en todo esto porque Berlín, acogiéndose a la máxima de garantizar los intereses de seguridad del Estado, retiene información”, se queja Maria Scharlau, experta en derecho internacional de AI.
Sin consecuencias políticas
Similares al de Haydar Zammar son los casos de los ciudadanos de nacionalidad alemana Khaled El-Masri y Murat Kurnaz. También ellos fueron detenidos por la CIA, privados de libertad durante años y torturados. También ellos recibieron en prisión visita y preguntas de agentes germanos. Y tampoco pudo una comisión de investigación parlamentaria verter luz sobre lo acontecido a causa del secretismo del Ejecutivo alemán.
El Tribunal Constitucional germano declaró en 2009 estas prácticas como anticonstitucionales, lo que hasta el día de hoy no ha acarreado repercusión política alguna. Las organizaciones humanitarias esperan que el Comité Antitortura de la ONU ejerza ahora renovada presión sobre Alemania.
Autor: Andreas Zumach/ Luna Bolívar
Editor: Enrique López Magallón