Suicidio asistido
25 de junio de 2010
En 2009, una corte de Fulda, en el Estado federado de Hesse, impuso al abogado especializado en derecho médico Wolfgang Putz una multa de 20.000 euros y una condena de nueve meses de prisión, convertida en libertad condicional, por alentar a una de sus clientes a interrumpir la alimentación artificial que mantenía a su madre con vida. Pero el reciente veredicto de la Corte Federal de Justicia en relación con el suicidio asistido deja claro que, si un paciente ha pedido expresamente que se desactiven los mecanismos que prolongan su vida artificialmente, ayudarlo a morir no constituye un delito.
El fallo en cuestión, comentado este viernes (25.6.2010) ante los medios por la presidenta de la corte de Karlsruhe, la jueza Ruth Rissing-van Saan, señala que los centros médicos y asilos de ancianos pueden suspender las medidas que extienden la vida de sus pacientes artificialmente incluso si el proceso de deterioro que conduce a la muerte no ha comenzado. El tratamiento puede ser interrumpido no solamente por omisión, sino también activamente –retirando un tubo de alimentación o desactivando un respirador artificial, por ejemplo– aún si el paciente está inconsciente. Lo que cuenta es la voluntad del enfermo, expresada oralmente o por escrito.
Un caso controversial
En su momento, la prensa local le dedicó varias cuartillas al controversial caso de Wolfgang Putz: en 2002, poco antes de sufrir una hemorragia cerebral y quedar en un estado de coma que duraría cinco años, Erika Kuellmer pidió a su hija, Elke Gloor, que no prolongara su vida artificialmente. Gloor buscó la asesoría de Putz y, siguiendo su consejo, procedió a cortar el tubo que alimentaba a su madre y la mantenía con vida. El tubo gástrico fue reemplazado por el personal del centro geriátrico en el que estaba recluida la paciente de 76 años, justo a tiempo para impedir su muerte. Sin embargo, Kuellmer falleció dos semanas después del incidente por causas naturales.
Más adelante, Gloor y Putz fueron llevados a juicio por intento de homicidio; ella fue absuelta por haber seguido “erróneamente” el consejo del abogado, y Putz fue sentenciado a casi un año de cárcel, pena que debía cumplir bajo libertad condicional. Putz apeló su condena y, ahora, la decisión del tribunal civil de justicia de mayor rango en Alemania ha liberado al abogado de toda culpa. Al mismo tiempo, el fallo –recibido positivamente por juristas, galenos y miembros de la Iglesia evangélica alemana– se erige en un hito importante para la discusión sobre la administración de la eutanasia.
Propiciando la muerte
Muchos se preguntan, sin embargo, cómo se puede diferenciar efectivamente entre la eutanasia pasiva, indirecta o activa del suicidio asistido. Se puede ayudar a morir pasivamente absteniéndose de activar o administrando limitadamente los mecanismos que prolongarían la vida de un enfermo terminal; por ejemplo, apagando o reduciendo la capacidad de un respirador artificial. La eutanasia en su forma pasiva no está penalizada en Alemania y hasta se le considera un derecho del paciente cuando éste la ha solicitado; si esa solicitud no es explícita sino supuesta, los médicos del paciente deben corroborar la presunta voluntad del enfermo. Si hay duda al respecto, el caso debe ser llevado a cortes especiales.
Cuando a un paciente se le aplica un medicamento contra el dolor recetado por su médico y éste acelera la muerte del enfermo, se habla de eutanasia indirecta. Esta manera de catalizar la muerte de un enfermo terminal es tolerada en Alemania, al contrario de la eutanasia activa –el homicidio solicitado por el propio paciente terminal–, que está prohibida por las leyes germanas: demostrar frente a un tribunal que un enfermo terminal pidió de manera explícita que se le matara puede reducir la pena de quien perpetra el homicidio, pero alegar que se mató a un paciente por lástima no sirve de atenuante en las cortes.
Alemania y sus leyes
El suicidio asistido no es penado en Alemania, pero el derecho al suicidio, como tal, no está reconocido por los legisladores. El colaborador queda libre de culpas siempre y cuando sea el paciente quien se administre el medicamento letal, haciendo uso de su libre voluntad. Sin embargo, la actual coalición de gobierno planea prohibir la oferta sistemática de asistencia para el suicidio, como oficio o proyecto empresarial.
Un caso excepcional sigue siendo el del suicidio asistido por un médico. Esta forma de eutanasia contempla la participación activa del galeno en el proceso mediante el cual el paciente pone fin a su vida, como supervisor del mismo o como proveedor de los medicamentos mortales que lo posibilitan. Pero, hasta ahora, la asistencia de un médico en esta materia es considerada como una actividad incompatible con su profesión.
Autor: Evan Romero-Castillo / Annamaria Sigrist / dpa / Reuters
Editora: Emilia Rojas Sasse