Tratado EE. UU.-UE: ¿libertades recortadas?

La Comisión Europea negocia desde 2013 con EE. UU. sobre un Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP por su sigla en inglés) que crearía la mayor zona de libre comercio del mundo, con cerca 800 millones de personas. El tratado reduciría los impuestos aduaneros y acabaría con otros obstáculos no tarifarios.

Con el tratado se piensa unificar los diferentes estándares en cuanto a protección del consumidor y del medioambiente, así como los procedimientos de aprobación y otorgamiento de nuevas licitaciones a fin de crear nuevos puestos de trabajo e impulsar al comercio y a la industria.

Según un estudio encargado por Fundación Bertelsmann al instituto Ifo de Economía de Múnich, se espera un incremento del comercio entre Alemania y EE. UU. de hasta un 90 por ciento.

Macrocifras, microcifras

De acuerdo con esos cálculos, el ingreso per capita en Europa aumentaría en promedio un 4,95 por ciento en un lapso de 15 años. Más beneficiados aún se verían los estadounidenses, con un ascenso del IPC de hasta un 13,4 por ciento. Si se tiene en cuenta el aumento anual, sin embargo, esas cifras no son tan espectaculares como parece a primera vista.

En Europa, el crecimiento sería solo de cerca de un 0,5 por ciento, asegura el autor del estudio del Ifo, Gabriel Felbermayr. Según el experto, también se puede contar con que en Alemania se crearían unos 180.000 nuevos puestos de trabajo. En general, el panorama es positivo, pero las perspectivas de crecimiento son ínfimas, aún siendo muy optimista: “Estamos hablando de un aumento de un 0,4 por ciento de la tasa de ocupación en un período de 15 años”, explica Felbermayr.

Más transgénicos y desventajas

El bajo crecimiento y el mínimo aumento del empleo hacen pensar que las ventajas del acuerdo para los ciudadanos europeos serán más bien pocas. Pia Eberhard, del Corporate Europe Observatory, una ONG que controla el cabildeo en Europa, ve con preocupación una posible relajación de los estándares para la industria alimentaria.

“El peligro lo conforman los alimentos no seguros, que podrían contener más transgénicos, así como pollos desinfectados con cloro en EE. UU., procedimiento que en Europa está prohibido”, dice, y agrega que la industria agrícola-ganadera de EE. UU. ya dejó en claro que quiere menos obstáculos en ese tipo de exportaciones.

Además, otras ONG temen que en Europa también se comience a introducir el fracking, es decir, el uso de sustancias químicas peligrosas en las capas subterráneas para la obtención de gas. Otros ponen en tela de juicio las posibles consecuencias del tratado en cuanto al acceso a bienes culturales, a la educación y al saber científico, ya que podría ampliarse el alcance de los derechos intelectuales.

El vicenegociador de la UE, Ignacio García Bercero, subrayó hace poco que hay una “línea roja” que, desde el punto de vista de la UE, no debería traspasarse. Pero, ni Pia Eberhard ni García Bercero pueden enviar un mensaje tranquilizador al respecto, dado que los textos de las negociaciones no se dan a conocer públicamente, y los responsables del sector industrial podrían tratar de influir en las negociaciones.

“Hay documentos internos de la Comisión Europea que indican que ésta se reunió, en la fase más importante, exclusivamente con grupos empresarios y sus lobbys”, asegura Eberhard. “No hubo un solo encuentro con organizaciones ecologistas, con sindicatos ni con organizaciones protectoras del consumidor. Se trata de una materia tan compleja que cada coma y cada punto son importantes”, dice la activista, y subraya que sería necesario poder leer los textos antes de que se apruebe el acuerdo, algo que, seguramente, no será posible.

Miedos concretos

Especialmente a favor de los grupos industriales es el muy discutido proceso de mediación entre inversores y Estados (ISDS). Si se llegase a aplicar, eso implicaría que todo inversor que se siente en desventaja podría demandar al Estado ante un tribunal de mediación formado por un enviado del país en cuestión, uno de la empresa y una persona elegida por ambos. El veredicto del tribunal de mediación excluiría la revisión.

La empresa estadounidense Chevron, por ejemplo, exigió claramente que en el TTIP se protegiera a los inversores y solicitó que se ampliaran los derechos de demanda. El motivo, según Peter Fuchs, de Power Shift, una asociación de economía ecológica de Alemania, es que Chevron planea extraer gas por medio de fracking en Europa.

“El grupo Chevron quiere asegurarse poder tomar medidas en contra de posibles moratorias y regulaciones para proteger al medioambiente”, asegura. “No entendemos cómo la política anula así sus derechos de regulación del mercado, así como sus mecanismos de decisión democrática y delega un poder inconmensurable en mediadores privados”, remarca Fuchs. “Se trata de un marco legal adicional creado por la clase política y hecho a la medida de los grandes grupos empresarios, y con él se está limitando no solo las decisiones políticas, sino también a nuestro sistema jurídico”.

Debido a la lluvia de críticas al respecto, la Comisión Europea frenó por ahora las negociaciones sobre el tribunal de mediación. Además, anunció que las negociaciones deberían ser más transparentes.

“A pesar de eso, hasta hoy no hemos podido ver ninguno de los textos de las negociaciones, y sin esos textos, no habrá transparencia”, advierte Pia Eberhard, quien también reclama que la CE no haya tenido en cuenta la inclusión de la sociedad civil en las decisiones acerca del TTIP. “La Comisión Europea tiene en cuenta principalmente los deseos del sector empresario”, dice.

Si bien Europa creó una organización en la que, además del sector económico, también están representadas las organizaciones civiles, dice Peter Fuchs, “no se nos permite leer los textos de las negociaciones ni discutirlos con la gente, ni con científicos ni con otras ONG”.

En marzo se espera que se reúnan los negociadores para acordar un pacto de libre comercio. Oficialmente, el tratado estaría listo en octubre de 2014, pero sigue abierto si se podrá firmar antes de las elecciones presidenciales en EE. UU., en 2016.