El Salvador: 600 criminales infiltraron cuerpos de seguridad
29 de noviembre de 2016
Informes estadísticos del Ejército de El Salvador, la Inspectoría General de la Policía y de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) dan cuenta de que entre 2010 y 2016 un total de 588 agentes fueron expulsados por pertenecer a las "maras" o estar involucrados con las mismas: 529 del Ejército; 43 de la ANSP y 16 de la Policía Nacional Civil (PNC).
El 2015 fue el año en que fueron sacados más miembros de los cuerpos de Seguridad con 298, seguido del 2014 con 101, y el 2016 con 74; los años restantes se mantienen entre los 16 y 56 expulsados.
Diferentes autoridades salvadoreñas han señalado que las pandillas buscan infiltrarse en las instituciones de seguridad para abastecerse de uniformes, armas y para adquirir adiestramiento para multiplicarlos al interior de sus estructuras.
Herard von Santos, historiador militar e investigador en temas de seguridad, sostiene que son tres las generaciones de pandilleros que han querido infiltrar los cuerpos de Seguridad. "Los primeros pandilleros que llegaban queriendo infiltrarse eran bien burdos, todavía se les veían las marcas, perforaciones, su hablado no era nada refinado, se quemaban (delataban) ellos solos".
Criminales de "tercera generación”
Añadió que los pandilleros de tercera generación ya son "personas extraídas de los lugares donde se han desarrollado como pandilleros" para vivir en zonas sin presencia de pandillas para borrarles el historial de conexiones.
En diciembre de 2015, el portavoz de la Presidencia salvadoreña, Eugenio Chicas, reconoció en una entrevista con Efe la infiltración de pandilleros a los cuerpos de Seguridad, pues "estas instituciones se nutren de jóvenes de la sociedad y las pandillas están ahí". El Gobierno salvadoreño acusa al Barrio 18, Mara Salvatrucha (MS13) y otras pandillas minoritarias de mantener los índices de asesinatos que sitúan al país como uno de los más violentos del mundo.
El Salvador registró entre enero y octubre de 2016 un total de 4.585 homicidios, con los que superó la tasa de 70 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la cuarta más alta registrada desde inicios del siglo XXI en el país centroamericano.
JOV (efe, Terra)