Venezuela: minería ilegal bajo control del “sindicato”

Las explotaciones mineras ilegales no son nuevas ni en Venezuela ni en Latinoamérica. Junto a la desigualdad económica, la abundancia de recursos naturales obliga a muchos a emprender este camino para cubrir sus necesidades. Un fenómeno especialmente extendido en Venezuela donde, ante los precios mínimos del petróleo, las grandes reservas de oro se han convertido en una opción tanto para los venezolanos que salen de las ciudades en busca de fortuna, como para gente de otros países en busca del beneficio rápido.

Uno de los casos más conocidos es la mina de Las Cristinas, explotación aurífera explorada y estudiada por empresas canadienses que, posteriormente, perdieron la concesión por desacuerdos con el Gobierno de Chávez. Al final, la mina quedó desierta abriendo un espacio “libre” ocupado por mineros ilegales ante la mirada del Estado. “Lo extraordinario es que no hablamos de una mina clandestina, sino una explotación estatal cercada por un perímetro y custodiada por las fuerzas armadas”, aclara el periodista venezolano Jorge Benezra. Un espacio donde, según él, pueden estar trabajando entre 25.000 y 30.000 personas aprovechando el vacío dejado por las autoridades sin generar ningún ingreso para las arcas del Estado.

Explotaciones estatales, “sindicatos” ilegales

Ante la falta de autoridad , cada vez más se encaminan al sur del país en busca de su suerte. Y mientras unos buscan “El dorado” fuera de la ciudad, también las bandas violentas han encontrado un filón de ingresos en la mina.

Organizadas como grupos armados, los llamados “sindicatos” son los encargados de administrar y velar por el orden y la seguridad, controlando salidas y entradas a cambio de un porcentaje del beneficio. “Algunos son organizaciones precarias procedentes de la ciudad que han logrado controlar pequeños territorios y pequeñas “cooperativas” mineras artesanales recurriendo a la violencia”, explica Benezra. Otros más organizados llegan a mandar en minas más importantes según normas “no escritas”, continúa el periodista. Supuestamente, el sindicato vigila, provee y da seguridad en los pueblos y en la mina. “Y quien no respeta su ley la paga con la vida. Por eso creo que hubo cierta aceptación, porque es la única forma de poder vivir”, concluye.

Junto a su sistema de normas, los “sindicatos” también tienen un sistema económico propio en una explotación que podría llegar a las 20 toneladas de oro anuales según las cifras extraoficiales. Debido a la falta de cajeros automáticos y la pérdida del valor de la moneda nacional, el oro llega a circular en las minas como moneda de cambio. Pero su principal beneficio está en la exportación. Convertido en barras, el metal logra salir por vía aérea y terrestre hacia países vecinos, donde alcanzará un valor muy superior al de la mina. En opinión de Benezra, una ruta marcada por la corrupción de algunos funcionarios que comparten los beneficios con los “sindicatos”. ¿Quién sino podría dar la autorización para que 30.000 personas trabajen ilegalmente en minas custodiadas por el Estado?

Problema social y medioambiental sin control

Además de la violencia y la creación de bandas organizadas, esta minería ilegal también genera problemas de índole social y medioambiental. Especialmente entre comunidades indígenas. “ Por la carestía de recursos y la merma del turismo muchos comienzan a dedicarse a la minería, donde entran en contacto con personas de otras costumbres y criminales”, explica Zoyla Martínez, directora de la ONG Vitalis. Como ejemplo, la experta menciona la protesta del año pasado del parque Canaima, cuando un grupo del pueblo pemón bloqueó el aeropuerto en rechazo a la cantidad de mineros que llegaban a la región.

Por otra parte, en la explotación ilegal no se usan técnicas apropiadas, destruyendo el ecosistema y provocando graves daños para la salud, problemas que se agravan todavía más cuando se abren nuevas vías de comunicación y se crean nuevos asentamientos en zonas de selva prácticamente intactas. Si no hay pautas desde un punto de vista político y social, ese desarrollo podrá traer divisas, pero no el progreso esperado, sentencia la directora de Vitalis.

Sin voluntad Estatal

Para buscar soluciones, Benezra cree que primero es necesario que el Estado reconozca el problema, algo que aún no ha sucedido: “ Al principio había voluntad por parte de algunos funcionarios, pero se les escapó de las manos y tienen que aceptar que dejaron la zona en manos de bandas”, explica. Vitalis coincide con esa visión, evidenciando que aún no haya conclusiones oficiales. “ Y si no se supo administrar la bonanza petrolífera, tampoco sabemos cuál será el caso de la minería”, dice la activista.

Además, continúa, será necesario desarrollar un concepto completo de desarrollo sostenible. No solo en las minas, sino también sobre la biodiversidad, porque además de explotar el subsuelo, la minería destruye la superficie. Una solución que, sin embargo, podría ser difícil a través de la vía oficial. En opinión de Benezra, el problema podría tener demasiados tentáculos y sería necesaria una voluntad superior que fuese independiente del poder político.