Venezuela: se sopesa remover a jueces del TSJ

Este domingo (2.4.2017), el primer vicepresidente del Parlamento venezolano, el opositor Freddy Guevara, convocó a la ciudadanía a acompañar a los diputados el próximo martes (4.4.2017), cuando se dará inicio a un proceso para remover de sus cargos a los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que, asegura, perpetraron un golpe de Estado. Guevara informó que el acto de destitución tendrá lugar a las 10 de la mañana (hora local) en Plaza Venezuela, un hito que a juicio de muchos separa el oeste de Caracas –usualmente descrito como bastión oficialista– del este de la capital, donde campea el antichavismo.

¿Un acto vinculante o meramente simbólico?

Guevara subrayó que el propósito de esas remociones es "restituir el orden constitucional” en Venezuela, pero los dirigentes de la oposición no han explicado si ese será un acto políticamente simbólico o vinculante. Después de todo, el TSJ, dominado por fichas elegidas a dedo por el oficialismo, sigue considerando que las decisiones de la Asamblea Nacional serán inválidos mientras esta desacate sus fallos. La corte de mayor rango del país alega que el Parlamento entró en desacato desde que juramentó a tres diputados opositores sobre cuya elección (6.12.2015) pesan imputaciones de fraude.

De hecho, los tres legisladores opositores fueron separados de sus curules a principios de 2016, pero fueron juramentados de nuevo meses más tarde, entre otra razones, porque nunca se mostraron pruebas contundentes del fraude electoral denunciado por el oficialismo. Si la crisis político-institucional de Venezuela fuera redactada en clave de saga, sus episodios no cabrían en un solo volumen. Eso hace que el acontecer de esa nación caribeña sea difícil de aprehender para quienes no lo siguen cotidianamente. El capítulo más reciente, que llamó la atención de la comunidad internacional, comenzó la semana pasada.

Se dice que el "autogolpe” continúa

Las sentencias 155 y 156 del TSJ, emitidas el 28 y 29 de marzo, representaron una ruptura del hilo constitucional en el país. Mediante esos fallo, la corte restringió la inmunidad parlamentaria de los diputados y los despojó de sus facultades legislativas, transfiriendo sus funciones a sus propios magistrados. Desde entonces se denuncia, dentro y fuera del país, que el Gobierno de Nicolás Maduro orquestó un autogolpe de Estado. Aunque el TSJ reculó a petición de Maduro y dijo haber derogado algunos aspectos de las sentencias en cuestión, dentro y fuera de Venezuela se ha seguido demandando el restablecimiento del orden constitucional.

Cabe destacar que los textos de las sentencias 157 y 158, que supuestamente "revisan” los fallos número 155 y 156, no han sido publicados todavía. Esas y otras irregularidades han llevado a varios analistas a argumentar que el Ejecutivo y las instituciones bajo su control vienen propiciando un golpe de Estado en cámara lenta con numerosas acciones y omisiones, no desde el 29 de marzo de 2017, sino desde diciembre de 2015, cuando comenzaron a tomar medidas legales para limitar el alcance de las decisiones de la oposición en el Parlamento. El 6 de diciembre de 2015, la coalición de partidos antichavistas de Venezuela le arrebató al oficialismo la mayoría de los escaños en la Asamblea Nacional.

ERC ( EFE / El Nacional )