Venezuela y la resistencia académica

Antes de aceptar la ayuda humanitaria ofrecida por la Cruz Roja y el Gobierno de China, la élite chavista de Venezuela pasó años negando vehementemente que su país necesitara auxilio externo. “¿Crisis? ¿Cuál crisis?”, fue el lema del presidente en funciones, Nicolás Maduro, hasta que la emigración masiva de sus compatriotas y los reportes de instancias locales independientes –incluidas las casas de estudios superiores– evidenciaron el grado de deterioro de la calidad de vida en el petroestado con las más grandes reservas de “oro negro”.

Gracias a proyectos como la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) –coordinada anualmente por la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad Simón Bolívar (USB) y la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en respuesta al silencio oficial sobre la realidad social–, hoy se sabe que las estrecheces que padecen los venezolanos anteceden a las sanciones que la Casa Blanca les ha impuesto a Maduro y a sus allegados. Pero, ¿quién le seguirá poniendo el cascabel al gato si estas instituciones se quedan sin oxígeno?

En entrevista con DW, José Virtuoso, rector de la UCAB, asegura que varias universidades están siendo “secuestradas” por simpatizantes de la Revolución Bolivariana con miras a despojarlas de su autonomía. El sacerdote jesuita pone como ejemplo la toma del rectorado de la Universidad de Oriente. “También el rectorado de la Universidad de Los Andes vive asediado por grupos chavistas”, sostiene Virtuoso, antes de abordar los otros factores que ponen a prueba la capacidad de resistencia de esos centros de enseñanza.

Situaciones desesperadas

“La UCAB, que es una universidad privada, debe invertir permanentemente en infraestructura, equipos y personal. Esos costos se cubren con las matrículas de los estudiantes. Sin embargo, cada vez más jóvenes tienen dificultades para financiar sus estudios. Ese fenómeno comenzó a acentuarse en 2016”, explica Virtuoso, agradecido con la red de egresados de la UCAB que ayuda económicamente a tres mil alumnos –un treinta por ciento del estudiantado– y dota de recursos a su alma máter para que mantenga su nivel de excelencia.

“Pese a todo, las universidades privadas están en una situación menos desesperada que la de las públicas; las últimas están siendo asfixiadas con presupuestos que, aparte de ser deficitarios, siempre llegan con retraso”, comenta Virtuoso. Esa diferencia se manifiesta también en el número de docentes que las unas y las otras han perdido. Según Virtuoso, sólo un 10 por ciento de los profesores e investigadores con contratos de trabajo a tiempo completo han abandonado la UCAB para jubilarse, buscar oficios mejor remunerados o emigrar.

Enrique Planchart, rector de la USB, recuerda que esa universidad pública contaba con 838 profesores en 2014 y perdió 552 a lo largo del último lustro. Hoy, tras contratar a 327 profesores nuevos, la USB tiene apenas 613. En la UCV se ha registrado una desbandada similar. “Muchos de mis colegas se han ido, no sólo huyendo de la precariedad económica, sino también buscando continuar su trayectoria intelectual y científica”, esgrime la escritora Gisela Kozak, exprofesora titular de la Escuela de Letras y de varias maestrías en la UCV.

Más allá del factor económico

“En Venezuela no están dadas las condiciones para desarrollar una carrera docente o de investigación a plenitud. No hay fondos bibliográficos actualizados, no hay tecnologías de información y comunicación funcionales. Los alumnos no llegan a las aulas debido a la falta de transporte, de dinero para pagarlo, de alimentos y de asistencia médica para mantenerse saludables. Y, cuando llegan a las aulas, o no hay luz o no hay agua o ninguna de las dos cosas”, acota Kozak, quien se radicó en Ciudad de México en 2017.

El testimonio de Planchart, rector de la USB, coincide con el de Kozak: “Las circunstancias en las que se encuentra nuestra universidad son críticas. Desde 2011 no recibe recursos suficientes ni para planificar sus actividades ni para garantizar su funcionamiento. El Estado paga sus salarios y una porción de las providencias estudiantiles –comedores y becas–, pero no invierte en su biblioteca ni en sus laboratorios”, dice. Con sueldos que no superan los 17 dólares mensuales, sus profesores viven por debajo del nivel de pobreza crítica, añade.

“¿Cómo no van a emigrar cuando les ofrecen 5.000 dólares mensuales, como lo ha hecho Ecuador a través de su Programa Prometeo?”, pregunta Planchart. Mientras tanto, quienes han optado por quedarse están teniendo problemas hasta para llegar a la universidad, ubicada en las afueras de Caracas. “A los docentes les cuesta mucho reparar sus automóviles y conseguir gasolina. Y el Gobierno no paga la deuda que la USB tiene con la empresa de autobuses que transporta a profesores y estudiantes. Todo está muy cuesta arriba”, protesta Planchart.

(cp)

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